La propuesta de flagrancia fue aprobada por 171 votos a favor, 11 en contra y 9 abstenciones, que correspondieron a legisladores por el Frente para la Victoria, mientras el proyecto de nuevas técnicas de investigación fue sancionado por 129 votos afirmativos, 9 negativos y tres abstenciones.
El Frente para la Victoria abandonó el recinto durante la votación del proyecto que promueve, entre otras medidas, la creación del agente encubierto porque consideraba que la iniciativa era “insalvable” y por la negativa del oficialismo de aceptar las modificaciones.
En el caso del procedimiento de flagrancia, la propuesta del oficialismo que modifica el Código Procesal Penal establece un mecanismo que sólo es aplicable para aquellos casos cuya pena máxima no supere los 20 años de prisión, y el tribunal tendrá 20 días para fijar la fecha del juicio.
En lo que tiene que ver con las técnicas de investigación, la iniciativa crea las figuras de agente encubierto, agente revelador, informante, pero el oficialismo evitó incluir al arrepentido al no alcanzar los consensos con la oposición.
Estas propuestas forman parte de un paquete de medidas que el presidente Mauricio Macri envió al Congreso a principios de abril, en parte para atender los reclamos por los hechos de inseguridad y también para limitar el poder de la procuradora Alejandra Gils Carbó, objetivo que logrará recién con la sanción de la reforma del Ministerio Público Fiscal.
El cobista Luis Petri (UCR) fue el miembro informante del oficialismo y defendió el procedimiento para los casos de flagrancia al rechazar la postura de la oposición, de que se trata de “condenas sin juicio”, al tiempo que garantizó que con este mecanismo “se cumple a rajatablas lo que debe contener un juicio”.
“Vamos a lograr defender al imputado, asistir a las víctimas y atender el reclamo de la sociedad”, expresó el mendocino en su exposición en la Cámara baja.
La jujeña Gabriela Burgos (UCR) resaltó que las técnicas de investigación impulsadas por el Ejecutivo son “herramientas ampliamente utilizadas a nivel mundial”.
“Estamos viviendo una transformación, ha cambiado el modus operandi de los delitos y han traspasado nuestra fronteras. Por eso necesitamos herramientas para poder afrontar este tipo de delincuencia que tiene un fuerte poder económico”, argumentó la legisladora.
La kirchnerista Diana Conti (Frente para la Victoria) advirtió que las propuestas marcan “un retroceso” y son de “una gravedad muy importante” porque, según interpretó, “legitimar la figura del informante significa habilitar métodos extorsivos de la investigación en cabeza de las fuerzas de seguridad y por qué no, de las fuerzas militares o fuerzas políticas”.
Por su parte, Margarita Stolbizer (GEN) anticipó que votará en contra de ambas propuestas porque “no son leyes sustantivas”, mientras que Myriam Bregman (FIT) alertó que ambas normas otorgan “mucho más poder a las fuerzas de seguridad represivas” y “se van a legalizar las detenciones arbitrarias”.
Desde el interbloque UNA, que encabeza Sergio Massa, Juan Brügge (Democracia Cristiana) logró imponer algunas modificaciones al proyecto de técnicas de investigación, entre las que se destacan un artículo que ordena que “los jueces y fiscales federales, cuando quieran ingresar a un territorio provincial, tengan que comunicar en 24 horas al juez local su intromisión”.
