Fabián De Sousa, ex socio del empresario Cristóbal López, brindó una entrevista periodística sobre la situación impositiva del Grupo Indalo. Ayer, una investigación de LA NACION reveló que el kirchnerismo permitió que el holding acumulara una deuda por más de $ 8000 millones con la AFIP.
«Desde el punto de vista del estado de situación impositiva, la deuda está totalmente regularizada. […]. Estructuramos financiamiento para enfrentar situaciones difíciles. Las diferentes situaciones que fueron generando el pasaje de flujo en la compañía a veces son financiadas con distintas estructuras de financiamiento en detrimento del pago de impuestos», dijo en una entrevista con el diario Ámbito Financiero, publicada hoy, titulada: «Quiero seguir invirtiendo y generando puestos de trabajo».
El diario le preguntó: «¿Usted dice entonces que dejar de pagar impuestos para financiarse no es ilegal?». El empresario respondió: «Es absolutamente legal. Lo que hemos hecho es tomar en los momentos que correspondían los planes de pagos a largo o a corto plazo que necesitábamos para obtener recursos financieros por quebrantos de la compañía o para alguna decisión de inversión que correspondiera a generar mayor valor en el Grupo. Son todos planes que quedaron vigentes. Y esta es una operatoria que hacen todas las empresas», aseguró.
De Sousa y López fueron socios comerciales por casi 20 años, pero la semana pasada anunciaron que dividirán el Grupo Indalo. Ayer, LA NACION reveló que el pasivo fiscal que deben empresas de ese holding, como Oil Combustibles, entre otras, amenaza con tornarse impagable en el transcurso de los próximos meses.
El dinero que cobró López corresponde al impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC), pero no lo envió a la AFIP, según surge de los balances. ¿Cómo funciona? Cada vez que alguien carga nafta en sus estaciones de servicio, de cada $ 14 por litro que cobra, debe girar $ 4 a la AFIP (es decir, el 26% del precio por litro), que se suman a otros impuestos y tasas. Pero no lo hizo.
De Sousa señaló la situación judicial en torno al presunto incumplimiento de deberes fiscales: «En el año 2013 un artículo periodístico hizo referencia a esta situación involucrándonos a nosotros en una acusación similar de evasión y fraude. Esto generó una denuncia penal, el juez Sebastián Ramos y el fiscal investigaron durante un año y finalmente se dictó el sobreseimiento y la definición de que no había existido delito», agregó.
De Sousa admitió que luego de esa resolución judicial, las empresas acudieron a las mismas herramientas de financiamiento: «Hemos utilizado esa mecánica sólo en las circunstancias que provocaron fuertes desfases del negocio [.]. Muchas veces el financiamiento se utilizó para equilibrar el plan de trabajo de la compañía».
