El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, concurrirá hoy a un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para explicar los alcances de los proyectos de derogación de las leyes de Pago Soberano y Cerrojo, así como el pedido de autorización para emitir nuevos bonos para terminar de cerrar el entendimiento alcanzado con los fondos buitre por la deuda que permanece en situación de default.
El proyecto del Gobierno pide autorización para que Hacienda emita bonos en los mercados internacionales
El titular de la cartera de Hacienda y Finanzas mandó sobre el final de la tarde a la Cámara de Diputados el «proyecto» de ley para derogar las leyes Cerrojo y pago Soberano y pagarle a los fondos buitres lo acordado en el tribunal de Thomas Griesa, que representa una ganancia fenomenal para los denominados fondos buitres que lidera Paul Singer.
Sin embargo, el articulado del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no detalla los contratos de emisión de bonos y le pide al Congreso habilitar endeudamiento sin límite.
El texto llegó a los despachos de los diputados de las comisiones de Presupuesto y Finanzas, que mañana fueron convocadas a las 11 para recibir a Alfonso Prat Gay con la «explicación» de esta propuesta.
Pero los diputados que recibieron este articulado en sus casillas de correo electrónico no tenían claro si había sido presentado formalmente como proyecto de ley, sobre todo porque no estaba acompañado por anexos con el detalle de los gastos.
O sea, nadie descartaba que se trate de un bosquejo que pueda modificarse desde el Poder Ejecutivo, algo imposible una vez que pasa mesa de entradas del Congreso.
«La Autoridad de Aplicación destinará el producido de las emisiones referidas (…) a las cancelaciones de deudas», agrega. Hasta ahora el Gobierno logró acuerdos por el 60% de la deuda defaulteada en 2001 y no reestructurada ni en 2005 ni en 2010. Son unos 7.550 millones de dólares a cancelar antes del 14 de abril.
De todos modos, el mismo proyecto faculta al Ministerio a aplazar los vencimientos de los acuerdos y a designar, sin concurso ni licitación, los bancos y entidades financieras que actúen como intermediarios.
Como ya trascendió el JP Morgan, antiguo empleador de Prat Gay será de la partida; así como el HSBC que metió funcionarios en varias áreas críticas del gobierno de Macri.
Llama la atención el artículo octavo que autoriza al Ministerio a «incluir cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjero, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente respecto de la jurisdicción que se prorrogue», aunque luego enumere una serie de bienes que conservan la inmunidad soberana. Redactado así, parece un cheque en blanco.
La agenda de trabajo sobre los proyectos continuará el lunes, con la presencia de especialistas propuestos por los bloques opositores; en tanto que el martes se realizaría una nueva reunión del plenario de comisiones en la que el oficialismo buscaría emitir dictamen.
