María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires

El argumento del decreto N°26 es establecer un Régimen de Empleo Municipal. De esta manera se pusieron en marcha los mecanismos para que los intendentes macristas puedan ajustar por los trabajadores estatales como se viene implementando desde hace algunos días.

El decretazo de la gobernadora consigna la creación del Consejo del Empleo Municipal, para que cada intendencia pueda discutir un nuevo régimen de trabajo, para sus empleados públicos. Lo que esconde la iniciativa es blanquear los ajustes que se implementan en la plantilla de empleados.

Pero bajo ese pretexto, la gobernadora fue más allá y según consta en el artículo 5to del decreto se suspende “hasta la culminación del proceso de acompañamiento y reglamentación establecido en el Artículo 2°, la aplicación de la Ley N °14.656, quedando las relaciones de empleo municipal regidas por la Ley N° 11.757 y modificatorias”.

¿Cuál es la diferencia entre las dos normativas? Es que la primera, en su artículo 6to establece claramente que uno de los derechos fundamentales es “a la negociación colectiva a través de las asociaciones sindicales de trabajadores que los representen”.

Y una cuestión no menor, también establecido en la ley N °14.656 es que los trabajadores contaban con “la garantía del debido proceso adjetivo en los sumarios”. Claro que eso quedó sin efecto por 180 días por el decreto de Mariu Vidal.

Marcelo Ponce Núñez, representante legal de la CTA autónoma de la provincia, aseguró que la medida apunta a “disciplinar a los trabajadores en el contexto de ajuste salarial y represión”, y adelantó que desde la central buscarán judicializar el decreto. La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fe.Si.Mu.Bo), por su parte, se encuentra en alerta desde que se conoció la intención del nuevo gobierno de anular las paritarias, algo que en un principio trascendió que el gobierno provincial intentaría impulsar por ley. “Buscaron la salida para lastimar a los trabajadores. Si logran suspender las paritarias costará mucho más recuperarlas. No lo permitamos”, dijeron en un comunicado en el que resumen las últimas negociaciones con el ministro de Trabajo sobre el tema.

El plazo establecido para la anulación de las paritarias es de 180 días. “Eso es una falacia”, explicó Arakaki, “porque en general los decretos de este estilo se prorrogan automáticamente, por lo que es esperable que el decreto funcione como una ley”. “Y si suponemos que es sólo por 180 días la paritaria para los municipales se anuló, porque estarían discutiendo salarios recién en junio”, aseguró.

La revolución de la alegría se hará sin paritarias para los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires.

La mecánica de los decretos de necesidad y urgencia parece no circunscribirse únicamente al ámbito del Ejecutivo nacional. De la misma forma que el decreto 267 disuelve la ley de medios, el decreto 26 de Vidal arremete contra una ley con amplio consenso entre las organizaciones sindicales de la provincia. La ley 14.646 establecía los derechos básicos de los trabajadores municipales, entre ellos la discusión paritaria libre, que de todas formas, señalan desde CTA, no se aplicaba a todos los municipios. “Fundado en una supuesta necesidad y urgencia, el decreto viola la división de poderes del sistema republicano y suspende una ley mucho más favorable para los municipales que la que deje en pie”, explicó Arakaki.

“No se entiende cual es la urgencia, en ningún tramo del decreto está justificada”, aseguró Ponce Núñez, para quien no es casualidad la fecha de publicación, en plena feria judicial. “La situación de precarización de los trabajadores ya era de por sí preocupante, dado que en la mayoría de los casos eran contratados”, afirmó sobre la planta de municipales, que estimó en más de 300 mil empleados. “Pero ahora, con represión, ajuste sobre el salario y sin paritarias, la situación es cada vez más grave”.

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1 Comentario

  1. Rata Ruin;…Los trabajores son Argentino Pobres:..A los ricos le pasaron 60.000.000.000 de dolores con un decreto:…A los Pobres se le quita 6.000 pesos:..

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