Héctor Recalde, presidente del bloque de diputados del FpV

En el multitudinario acto en la ex ESMA encabezado por la presidenta, Cristina Fernández, se anunció la promulgación de la normativa que busca dar con las responsabilidades civiles y empresariales en el genocidio.

La mandataria afirmó a través de cuenta en Facebook que “la Comisión es una herramienta más en la lucha por la Verdad, la Memoria y la Justicia y no juzga, investiga, ya que para juzgar está el Poder Judicial”.

El proyecto encontró resistencia por parte del PRO que votó en contra de la iniciativa al tratarse en la Cámara de Diputados. Algo que es una muestra de lo que será la política de Derechos Humanos a partir del 10 de diciembre.

El macrismo trató de bloquear el proyecto en reiteradas oportunidades pero quedó expuesto al rechazarlo en el tratamiento en recinto.

La comisión prevé la elaboración de un informe con las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada por la última dictadura cívico-militar en nuestro país, como un aporte al accionar de la justicia.

En tanto que tendrá la tarea de identificar a los actores económicos y técnicos que contribuyeron y/o se beneficiaron con la dictadura aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza.

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