El presidente electo, Mauricio Macri designó a la diputada nacional, Laura Alonso, en un puesto clave: La Oficina Anticorrupción. Pero tiene un impedimento legal que la inhibe para asumir en el puesto donde la quiere Macri. No cumple con los requisitos necesarios que requiere el cargo.
Sucede que el artículo 7 del decreto 102/99 de la Oficina Anticorrupción, en su capítulo «de la Estructura y Organización», marca cuáles son los requisitos para el desempeño del cargo de Fiscal de Control Administrativo:
1) Ser ciudadano argentino;
2) Tener no menos de TREINTA (30) años de edad;
3) Tener no menos de SEIS (6) años en el ejercicio de la profesión de abogado o idéntica antigüedad profesional en el Ministerio Público o en el Poder Judicial.
Alonso, es licenciada en Ciencias Políticas, y entre sus trabajos previos en ningún caso ocupó funciones relacionadas con el Poder Judicial ni tampoco vinculados al Ministerio Público Fiscal.
Alonso es reconocida por su relación con Paul Singer, titular del Fondo Buitre Elliot-NML
Por lo tanto, no existe ninguna posibilidad que en los términos actuales, Alonso pueda cumplir con las funciones para los que fue designada. Además el rol de control sobre los actos ejecutivos de gobierno deben estar a cargo de un representante de la oposición y no del oficialismo, como lo será Alonso a partir del 10 de diciembre.
La diputada es reconocida por su relación con el Fondos Buitre NML que mantiene un litigio contra Argentina en el juzgado del juez Thomas Griesa. Además estuvo al frente de la ONG Poder Ciudadano y es co-fundadora de Voces Vitales Argentina (sede local de Vital Voices Global Partnership). La organización promueve el «progreso de la mujer» en ámbitos políticos y que funciona desde 1997 por iniciativa de Hillary Clinton. Esta organización es financiada justamente Paul Singer, titular del Fondo Buitre Elliot, que donó 100 mil dólares a la ONG comandada por la diputada.
