Eduardo Fernández, presidente de Apyme junto al gerente Genreal de la entidad, Roberto Ratti Merchante, Néstor Callegari, Vicepresidente 1°; Enrique Tarditi, vicepresidente 2°; Carlos Ferrari, vicepresidente 3°; Juan José Sisca, secretario y Emilio Katz, tesorero de la Asamblea PyME

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) expresó hoy un categórico repudio a las manifestaciones de la UIA en contra del proyecto de ley que se propone crear una Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la dictadura cívico militar.

Según refiere en un comunicado enviado hoy, APYME ha venido afirmando históricamente que las políticas de Memoria, Verdad y Justicia deben abordar la complicidad del poder corporativo y económico con los militares que perpetraron el golpe de Estado del 76. Consecuentemente, la entidad colaboró de modo activo con la elaboración y presentación del proyecto en cuestión.

El comunicado de la UIA constituye un acto inadmisible de intimidación de los grandes poderes corporativos hacia las instituciones democráticas

La entidad que representa a cientos de empresas del sector, enfatizó que la UIA utiliza argumentos falaces para descalificar la iniciativa que ya cuenta con media sanción en Diputados. Según refiere el documento “cualquier investigación (…) debe llevarse a cabo por las vías institucionales que corresponden”. Y además que “el derecho de defensa y la independencia de quienes deben juzgar los eventuales ilícitos solo pueden ser realizados por el Poder Judicial”.

De acuerdo al parte enviado a todos los medios de prensa, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios entiende que la UIA pasa por alto el objetivo manifiesto del proyecto legislativo, que es precisamente la “Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia”. Esto no se logra impidiendo investigaciones para las que efectivamente está facultado el Poder Legislativo, expresión legítima de la voluntad ciudadana.

Por otra parte, en ningún momento el proyecto propone usurpar el lugar de la Justicia sino “la elaboración de un informe con una descripción detallada de los aspectos más salientes así como de las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada por la dictadura que gobernó de facto la Argentina entre 1976 y 1983 y la identificación de los actores económicos  y técnicos que contribuyeron y/o se beneficiaron con esa dictadura, aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza”.

Es preciso recordar al conjunto de la sociedad -recalcaron- que sectores de las finanzas, grandes corporaciones y terratenientes fueron favorecidos por el gobierno de facto mediante políticas que ellos mismos idearon y llevaron a cabo, comandados por Martínez de Hoz y sus socios. Además, muchas empresas y directivos adoptaron un papel concreto en la represión, como en los casos de Papel Prensa, Ledesma, Mercedes Benz o el periódico La Nueva Provincia, que ya están siendo tratados en la Justicia, entre otros que deben dilucidarse.

El comunicado de la UIA constituye un acto inadmisible de intimidación de los grandes poderes corporativos hacia las instituciones democráticas. Sin dudas, buscan “blindar” a personajes ligados con el gran empresariado. Junto con sus voceros mediáticos, estos sectores pretenden una vez más limitar y condicionar la legítima acción gubernamental, a fin de restaurar las bases del neoliberalismo y la dictadura de los mercados que destruyeron a la industria nacional y a las Pymes en las décadas precedentes.

Los pequeños y medianos empresarios no sólo sufrieron los embates económicos que hicieron desaparecer a miles de unidades productivas sino que también fueron perseguidos en muchos casos por la política represiva del régimen, que se dirigió contra el conjunto de los sectores populares.

Por último, la Asamblea PyME reiteró su apoyo al proyecto legislativo, cuyas conclusiones deberán estar a disposición de la Justicia para que se juzgue a quienes corresponda por los delitos de lesa humanidad cometidos como cómplices civiles del terrorismo de Estado. Es un paso indispensable para avanzar en la plena vigencia de los derechos humanos, económicos y sociales de todos los argentinos, concluye el parte.

print

Dejar una respuesta

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí