“Oponerse a estos principios es como oponerse a los diez mandamientos. No es fácil decir ‘yo no estoy a favor de esto’. Sólo seis países se animaron”, remarcó Timerman. El canciller analizó el impacto que tendrán.
Los nueve principios básicos establecen el derecho soberano de los Estados a reestructurar sus deudas y disponen que las negociaciones en una reestructuración se realicen de buena fe, con transparencia e imparcialidad y garantizando el trato equitativo entre los acreedores. Asimismo, enfatiza el respeto a la inmunidad soberana de los Estados, un punto necesario frente a los embates extorsivos de los buitres en los tribunales permeables a sus reclamos para trabar embargos contra activos argentinos alrededor del mundo. Los lineamientos aprobados el jueves disponen que las reestructuraciones de deuda soberana deben ser “sostenibles”, “de modo tal que permitan el crecimiento económico inclusivo y el desarrollo del Estado deudor, así como la protección de los derechos del acreedor”. A su vez, se remarca que cuando una reestructuración soberana reciba el visto bueno de una “mayoría calificada”, el acuerdo y los acreedores que ingresaron al mismo no pueden ser afectados “por una minoría no representativa que deberá respetar las decisiones tomadas por la mayoría”.
Cuando le preguntaron a Timerman que podría obtener Argentina a partir de esta aprobación el canciller dejó en claro que los principales beneficiados serán los próximos países que tengan que renegociar sus deudas, aunque no descartó ventajas para el país. “La Argentina es autora, bajo el gobierno de Néstor Kirchner y con el impulso de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, de la Convención contra la Desaparición Forzosa de Personas. Lo hicimos no por lo que pasó en Argentina, porque las personas desaparecidas ya estaban desaparecidas, sino para que no ocurra nunca más que se secuestre y se haga desaparecer a miles de personas y eso no esté tipificado como delito en el mundo. En este caso también tiene que ver con nuestra experiencia y con un legado. Tal vez no sirva para lo que pasó en el pasado, pero seguramente va a servir para evitar que vuelva a ocurrir en el futuro y tal vez sirva también en los juicios actuales para decir que Naciones Unidas, en su gran mayoría, indicó un camino a seguir”, aseguró. Además, el funcionario remarcó que la resolución indica que el tema de la deuda va a seguir siendo tratado por las Naciones Unidas.
También se refirió a los seis países que votaron en contra, entre los que sobresalen Estados Unidos, Inglaterra y Japón. “Oponerse a estos principios es como oponerse a los diez mandamientos. No es fácil decir ‘yo no estoy a favor de esto’. Solo seis países se animaron. Lo increíble es que en Naciones Unidas, muchas veces, los países, para no comprometerse, no participan, pero ayer estuvieron presentes los 193 miembros. Fue muy emotivo”, destacó.
La decisión de las Naciones Unidas también fue elogiada ayer por distintos economistas que indicaron que la iniciativa servirá, en el futuro, para casos similares que deban afrontar otros países. Alejandro Robba, de la Gran Makro, consideró que la estrategia de la Argentina “no fue quedarse en el ámbito judicial del juez Thomas Griesa, sino recurrir a foros internacionales para visualizar la existencia de los fondos buitre”. A su turno, la economista Fernanda Vallejos consideró que la aprobación en la ONU a la propuesta por 136 votos es “muy positivo”, y señaló que “es un hecho histórico desde que la Argentina propuso el debate”. Agregó que “es la primera vez que este organismo interviene en la esfera financiera, para, como dice la presidenta Cristina (Fernández de Kirchner), atacar al capitalismo anarco financiero”. Para Enrique Dentice, economista senior de la Universidad Nacional de San Martín, la aprobación de las Naciones Unidas fue un hecho “positivo desde el punto de vista político, porque posiciona a la problemática argentina”.
