Con apoyo opositor, el Senado convirtió esta noche en ley el proyecto que refrenda el acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el momento de la votación, la vicepresidenta Cristina Kirchner no estuvo en el recinto.
Al cabo de nueve horas de sesión, que mantuvo un tono relativamente calmo sin cruces significativos entre el oficialismo y oposición, la iniciativa que autoriza el financiamiento para cancelar los vencimientos de deuda con el organismo financiero obtuvo 56 votos positivos, 13 negativos y tres abstenciones.
La vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Kirchner, quien es crítica del acuerdo con el FMI, no estuvo presente en el recinto en la mayor parte de la sesión y tampoco en el momento de la votación.
Mientras que Juntos por el Cambio unificó su postura a favor del acuerdo, el Frente de Todos votó dividido a raíz del rechazo de los senadores cercanos a la vicepresidenta a convalidar la deuda contraída por Mauricio Macri en 2008, y por las objeciones al programa económico comprometido por el Gobierno con el FMI.
En el marco de una jornada tranquila, con un Congreso blindado con vallas y fuerte presencia policial en el perímetro del Palacio Legislativo, no se registraron incidentes con los manifestantes de izquierda que se acercaron a la zona del Congreso para expresar su repudio al «pacto con el FMI».
Cristina Kirchner abrió la sesión pasadas las 14, con los legisladores del oficialismo y la oposición sentados en sus bancas, superando con creces la mayoría de dos tercios de la Cámara necesaria para habilitar el tratamiento en el recinto.
Tras un homenaje conjunto de todas las fuerzas a las víctimas del atentado a la Embajada de Israel, en el día en que se cumplen 30 años de aquel trágico episodio, el senador del Frente de Todos Ricardo Guerra, en su condición de miembro informante del oficialismo, presentó los ejes centrales del proyecto.
Al respecto, detalló que los compromisos asumidos por el Gobierno en materia económica tendrán una duración de dos años y medio, al tiempo que el Estado tendrá un período de gracia de cuatro años para cumplir con las obligaciones de deuda.
Por otra parte, el riojano mencionó que los desembolsos que irá haciendo el FMI estarán sujetos a la aprobación del organismo acreedor en las revisiones trimestrales sobre el cumplimiento de las metas.
Y precisó asimismo que el primer desembolso está previsto para antes de que finalice el mes, por un monto de 9.760 millones de dólares.
El programa prevé una baja del déficit primario al 2,5% del PBI durante este año, al 1,9% en 2023, y del 0,9% en 2024.
Por su parte, el senador de la UCR Martín Lousteau, destacó la decisión «responsable» que adoptó Juntos por el Cambio para acompañar el proyecto y así evitar un escenario de default.
«En cuatro días habrá un vencimiento con el FMI de alrededor de 2800 millones y en la comisión de Presupuesto los funcionarios dijeron que no están las reservas netas para hacer ese pago. Dijeron que si no hacemos el pago, ya no se puede hacer un acuerdo con el Fondo porque ya habría default», advirtió el miembro informante del interbloque opositor.
Según aseguró, el no pago al FMI traería «un montón de consecuencias, todas muy graves».
«El ministro de economía dijo que nunca se atravesó un default con organismos multilaterales, y que sería más grave que con los bonistas privados. Sería una cesación de pagos con todos los países del mundo que son accionistas del FMI, y que tendríamos cero crédito del BID, del Banco Mundial, el CAFF. No habría inversión extrajera directa, las multinacionales no podrían pedir crédito a sus casas matrices. Nadie nos prestaría», enumeró.
«Pero además aumentaría el dólar, la inflación y la pobreza, y súbitamente sobre una base que ya sabemos que está muy mal», agregó el economista, que desmintió que la deuda contraída con el FMI haya sido usada para financiar la fuga de capitales.
«Se usó para cancelar deudas anteriores y para financiar la importación de gas», explicó.
El también radical Víctor Zimmermann coincidió con Lousteau en que «entrar en default sería por ejemplo no tener créditos internacionales, no tener acceso a los organismos bilaterales de crédito, aumento de la emisión monetaria para poder financiar el déficit del gasto público».
El chaqueño aseveró que refinanciar la deuda con el FMI «es una condición necesaria, pero insuficiente en sí misma, porque la deuda con el Fondo es solo el 12% de la deuda total de la Argentina».
A su turno, el senador misionero Maurice Closs (Frente de Todos) responsabilizó al Gobierno de Macri por haber forzado al país a retornar al FMI y si bien reconoció algunos de los argumentos de Juntos por el Cambio respecto de adónde fue el dinero del préstamo, recordó que «el endeudamiento de punta a punta del gobierno anterior no creció solamente estos 45 mil palos del Fondo Monetario, creció 100 millones».
En ese marco, el exgobernador misionero afirmó que “nadie puede dudar que el peor error que se cometió fue garantizar la salida de las divisas» a un tipo de cambio de 20 pesos «allá por abril de 2018, cediendo reservas cuando no teníamos y garantizando una rentabilidad del 20% en dólares, con el famoso carry trade«.
Closs recordó que el Gobierno de Macri acudió a «este prestamista de última instancia porque se perdió la confianza».
El riojano Julio Martínez (UCR) argumentó que en este debate es necesario deponer cualquier tipo de «especulación política o personal» y actuar en pos de «evitar males mayores».
«No está en nosotros empujar al abismo a un gobierno. Venimos a ayudar para que Argentina no integre la lista de los países que entraron en default», resaltó.
La senadora puntana María Eugenia Catalfamo, del Frente de Todos, defendió su voto en contra pero aclaró que esto «no va en contra de nuestro Gobierno nacional, sino que es estar a favor de nuestras convicciones e ideales».
En tanto, reclamó a la Justicia que «se expida lo antes posible respecto de todas las denuncias presentadas» contra los funcionarios del Gobierno anterior por la deuda contraída.
«El propio FMI reconoció que el dinero prestado al Gobierno de Macri no cumplió con los objetivos trazados», recordó.
En la misma sintonía, la chaqueña María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos) calificó el préstamo del FMI como «la mayor estafa de la historia», que violó los propios estatutos del organismo y que tuvo como «objetivo» la reelección de Macri.
Para la senadora kirchnerista, «fue una estafa porque Macri recibió un país desendeudado y sin embargo desde la primera hora de su gobierno» generó «las condiciones» para volver al FMI.
«Acá hubo connivencia, una estafa premeditada, alevosa», insistió, y discrepó con la mayoría de los oradores que le precedieron en el uso de la palabra al sostener que no creía que «votando este proyecto sea salvar al pueblo del default».
«Esto es prolongar la agonía. Tarde o temprano las consecuencias del default la vamos a sufrir», vaticinó, y agregó que «el pueblo no está en condiciones desde ningún punto de vista de soportar un ajuste más».
«Ojalá que me esté equivocando, pero si no es así, espero que la Justicia se lo demande a los responsables», remató Pilatti Vergara.
También adelantó su rechazo al acuerdo la salteña Nora Giménez (Frente de Todos), quien aclaró que no votará «en contra del Gobierno» sino «en contra de la deuda ilegítima que dejó Mauricio Macri y en contra del FMI».
La senadora nacional del Frente de la Concordia misionero Magdalena Solari Quintana justificó su voto a favor al plantear que «se trata del mal menor para darle estabilidad a la gente».
En los discursos de cierre, el formoseño Luis Naidenoff, en su condición de titular de la bancada radical, sostuvo que acompañaba el proyecto «por un sentido de responsabilidad política».
«Porque Juntos por el Cambio no es una fuerza testimonial y porque tiene vocación de poder en la Argentina», afirmó, y agregó que la aprobación de la ley «quizás sea el mal menor como consecuencia de la mala praxis de un retardo en la negociación».
«Por eso es lamentable que algunos sectores duros no acompañen. Es una irresponsabilidad», fustigó.
En este sentido, cargó contra los senadores de provincia que no iban a votar a favor del proyecto, lo cual tildó de «inadmisible» e «irresponsable», ya que un default provocaría el «incendio» de las economías provinciales.
«Que en esta casa federal algún senador o senadora de provincia no acompañe este proyecto resulta inadmisible y una irresponsabilidad política. El 80% de las deudas provinciales se hacen en moneda extranjera. Si Argentina entra en default, se incendian las provincias».
Culminada la votación, la foto final fue la del abrazo fraterno y risas compartidas entre el jefe del bloque oficialista, José José Mayans, Naidenoff y la camporista Anabel Fernández Sagasti.
