El Gobierno despidió ayer cerca de 300 trabajadores de la Secretaría de Comercio, que se suman a un grupo de entre 150 y 200 que habían sido echados en diciembre en esa dependencia.
Los despedidos tenían en algunos casos más de 10 años de antigüedad y varios empleados califican la medida como un desguace. Precios Cuidados, Consumo Protegido, Lealtad Comercial, Defensa de la Competencia y Comercio Exterior son los programas que fueron recortados significativamente.
Mientras el presidente Mauricio Macri plantea su intención de cuidar el empleo, bajar la inflación y controlar abusos de las empresas sobre consumidores y pymes, son desmanteladas las áreas del Estado enfocadas en esas tareas. También hubo despidos en la Secretaría de Vivienda y Hábitat, el Inadi y el ENRE y se espera que el recorte alcance niveles mucho más altos en los próximos días.
Hace más de una semana que se venía rumoreando que estaba al caer una fuerte oleada de despidos en la Secretaría de Comercio. El viernes pasado incluso circuló una versión de que habían comenzado a salir, de a montones, los telegramas. Finalmente ayer por la mañana los empleados no pudieron ingresar a sus puestos de trabajo y mantuvieron una jornada de protesta frente a la dependencia. Los funcionarios de recursos humanos habían comenzado a llamar a los trabajadores para echarlos en forma verbal, un «despido humanitario», tal como lo definieron.
Fueron despedidos al menos 25 trabajadores del call center encargado de recibir las denuncias de incumplimiento de Precios Cuidados, lo que prácticamente dejó vacía el área; a 38 del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec), al menos 25 de Lealtad Comercial, 24 de Defensa de la Competencia y a 36 empleados de la subsecretaría de Comercio Exterior.
La reducción del personal de la Secretaría va en estricta línea con el cierre o la reducción de los programas. A través de una resolución se derogó el Régimen Informativo de Precios (Sirip), un esquema de monitoreo a través del cual la totalidad de las grandes empresas del país estaban obligadas a informar mensualmente los precios de sus productos. El Sirip permitía saber, por ejemplo, si una suba del precio de la carne significaba una mejora en la rentabilidad para el productor, para el frigorífico o para el supermercado. Esa información ya no está disponible.
En cambio, el Gobierno anunció la apertura de un portal web donde estarán publicados los precios de los supermercados. Esa herramienta todavía no fue lanzada y consiste en un reacondicionamiento del programa “Precios en su Sitio” que en octubre de 2012 había lanzado Pimpi Colombo.
Un área reducida notablemente es la de Precios Cuidados, no sólo porque el programa involucra menos de 200 productos cuando antes abarcaba a más de 500 sino porque fueron echados gran cantidad de trabajadores que hacían relevamientos para conocer el grado de cumplimiento del programa y los que recibían los llamados con las denuncias sobre incumplimientos. Es decir que el Estado tiene menos información sobre la marcha de Precios Cuidados.
En Defensa del Consumidor también fue reducido el programa Consumo Protegido, para que los consumidores denuncien abusos de las empresas. Se eliminó la publicidad en la vía pública y aumentaron los requisitos para admitir los reclamos, que habían pasado de 1000 a 50.000 por año con la gestión anterior. En Lealtad Comercial fue eliminado el Sistema de Fiscalización de Rótulos para regular el engaño en las etiquetas.
La enumeración da cuenta de que los despidos no tienen que ver con la presencia de ñoquis ni de militantes kirchneristas sino que es un acto de achicamiento en una dependencia cuyas obligaciones se redujeron notablemente. Estos despidos masivos podrían lucir como una contradicción con la supuesta obsesión de Macri por bajar la inflación pero no lo es.
La concepción liberal del gobierno es que la inflación se combate con austeridad monetaria y fiscal. Muchas veces ese programa reduce la inflación, así como el empleo formal y los salarios reales.
