Comisión Bicameral de Trámite Legislativo

El oficialismo tuvo ayer un doble triunfo: postergó hasta fin de año la resolución del conflicto con las provincias por la devolución del 15 por ciento de sus fondos coparticipables y le torció el brazo al kirchnerismo en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, al mantener en pie el decreto del presidente Mauricio Macri que permite seguir adelante -al menos por este año- con la detracción de esos recursos coparticipables para financiar el sistema previsional.

En este triunfo fue fundamental el papel de Sergio Massa, diputado y líder del Frente Renovador. Con el aporte técnico del economista y diputado Marco Lavagna, aportó junto con la jefa del bloque, Graciela Camaño, los borradores que sirvieron de base para el decreto que Macri publicó ayer en el Boletín Oficial, por el cual se compromete a una devolución progresiva y escalonada -en un plazo máximo de 5 años- del 15% de los fondos coparticipables que la Nación les retiene a las provincias.

Formalizado el acuerdo con Massa, su representante en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, el diputado Raúl Pérez, votó ayer junto con los miembros del oficialismo a favor del decreto de Macri, por el que derogó otro similar de Cristina Kirchner que ordenaba la inmediata reposición de los fondos coparticipables a las provincias.

En minoría, los miembros kirchneristas de la comisión se mantuvieron firmes contra el gobierno y señalaron a Massa de ser el «cogobernante» de Macri, al tiempo que calificaron el acuerdo alcanzado entre ambos de «engaña pichanga» y de ser «la nada misma». «No le devuelven nada a nadie, estiran los tiempos y no benefician a las provincias, salvo a las que elijan a dedo», acusó la diputada Juliana Di Tullio. «La matriz del Gobierno es beneficiar a la Capital con más coparticipación y consolidar al Grupo Clarín», bramó el kirchnerista Marcos Cleri.

El oficialismo no le respondió y, en silencio, se limitó a firmar los dictámenes a favor de validar los decretos de Macri. Además del decreto sobre el 15% a las provincias, el oficialismo y el Frente Renovador suscribieron el DNU que creó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). El kirchnerismo, sin éxito, lo rechazó con el argumento de que por decreto se disolvían dos organismos creados por ley: la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic).

El kirchnerismo casi en pleno salió al cruce. Los diputados Marcos Cleri, Juliana Di Tullio y los senadores Juan Manuel Abal Medina, Anabel Fernández Sagasti, Graciela De la Rosa y Mario País respondieron cada uno los argumentos macristas y le reconocieron con ironía a Tonelli su esfuerzo por defender al Presidente. “¿Cuál es la necesidad y urgencia que había para modificar una legislación federal, plural y ampliamente debatida en Congreso? Hay un solo beneficiado que tenía necesidad y urgencia y es el Grupo Clarín”, sentenció Cleri, en referencia a la desregulación del mercado de medios.

“Están consolidando el monopolio de Clarín en desmedro de otras empresas y cooperativas, desconociendo la lucha popular que hay detrás de esa ley. Nunca se equivocan, nunca a favor del pueblo, siempre a favor de las grandes empresas y los grupos concentrados”, disparó Di Tullio. “No sé en qué estudio jurídico habrá sido redactado este decreto. Buscaron remover ilegítimamente a las autoridades (de la Afsca y la Aftic) que no pudieron remover por presión y extorsión”, completó Fernández Sagasti.

Con el triunfo de ayer, el oficialismo ganó algo más de tiempo en la disputa con las provincias.

El decreto establece la creación de Consejo Argentino para el Nuevo Federalismo, el cual estará conformado por funcionarios del Poder Ejecutivo, los 24 gobernadores y tres legisladores. Dicho consejo será el que resuelva de qué manera la Nación irá restituyéndoles, hasta 2021, los fondos coparticipables que hoy les retiene a las provincias.

Massa hubiera preferido un acuerdo con fechas y montos más precisos, pero lo que se acordó con el gobierno es que en el tercer trimestre de este año dicho consejo debe presentar la propuesta de devolución a ser incluida en el proyecto de ley de presupuesto 2017.

El decreto determinó, como parte del Acuerdo para el Nuevo Federalismo, la creación de «un régimen de saneamiento definitivo de la situación financiera entre el Estado nacional, las provincias y la ciudad de Buenos Aires, con el fin de facilitar la extinción de las obligaciones recíprocas que se encontraren pendientes».

También dispuso que el Poder Ejecutivo «podrá proponer un régimen de transferencia de asignaciones, bienes y servicios actualmente administrados por el gobierno nacional, a las provincias y a la ciudad Buenos Aires».

En el mismo decreto, estableció que «deberá propiciarse un incremento en la inversión en educación, ciencia y tecnología por parte de las provincias y la ciudad de Buenos Aires, pudiendo establecerse nuevas metas y parámetros superadores de los fijados por la ley de financiamiento educativo».

En el mismo Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo también corrigió el polémico decreto por el que dispuso una mayor coparticipación para la Capital. En él se especifica que sólo serán girados los fondos destinados a solventar el pase de la Policía Federal a la Ciudad.

Respaldo de los gobernadores al Consejo

Al igual que el gobernador de Salta, Juan Manuel Urubey, otros apoyaron la decisión del Gobierno de crear el Consejo Argentino para el Nuevo Federalismo, para avanzar en una nueva distribución de los recursos coparticipables

Gustavo Bordet, de Entre Ríos, destacó el «gesto político del gobierno nacional de darle legitimidad al reclamo que las provincias venimos haciendo». También lo hizo el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, rescatando «la voluntad de avanzar hacia un federalismo más equitativo, encontrando soluciones en tiempos más cortos».

En este contexto, estas iniciativas así como las aprobadas las semana pasada en la comisión quedaron en condiciones de tratarse en el recinto de ambas cámaras. Para que finalmente alguno de los DNU sea rechazado, deben contar con el voto en contra tanto del Senado como de Diputados. Fuentes de Cambiemos confiaban en que el apoyo en la comisión del massismo y los peronistas disidentes le servirán para evitar un rechazo, sobre todo en Diputados, donde el FpV-PJ no cuenta con mayoría propia.

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