En la previa del encuentro que el presidente Mauricio Macri mantuvo con organismos de derechos humanos, el Gobierno realizó una polémica designación al nombrar como segundo al mando del Servicio Penitenciario Federal a un funcionario acusado por torturas, causa en la que el fiscal viene reclamando su llamado a indagatoria, el último paso antes de dictar un eventual procesamiento.
La designación cobra más relevancia luego de la reunión que Macri mantuvo con Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S, CELS, Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora- y Familiares de Detenidos por Razones Políticas. Allí, los organismos le entregaron un documento al primer mandatario en el cual le reclaman, entre otros puntos, el control sobre los ascensos de distintos funcionarios militares y civiles.
A través de la resolución 33 del ministerio de Justicia, Germán Garavano designó como subdirector nacional del Servicio Penitenciario Federal a Pedro Enrique Amargán, un funcionario de carrera dentro del SPF. Sin embargo, y a pesar de que la medida destaca los «méritos y antecedentes» del designado, su pasado está marcado por una fuerte acusación.
Amargán tiene una causa abierta desde 2013 por apremios ilegales cometidos en la Unidad 7 de Resistencia, Chaco, donde era el director. En la misma está imputado junto a 31 oficiales de dicho establecimiento. Según la acusación que pesa sobre él en la causa 1.600.050/13, Amargán, como máximo responsable del penal, habría cometido el delito de apremios ilegales «por omisión». Esto significa que habría tenido conocimiento de los hechos de tortura y no hizo nada para evitarlos ni castigó a los responsables.
Por la causa, que ya tiene dos años, el fiscal federal Federico Carniel requirió la indagatoria de Amargán al juez de primera instancia Carlos Skidelsky, lo cual implica que considera tener suficientes elementos para que el funcionario tenga que dar cuenta de sus actos como paso previo a un eventual procesamiento. El requerimiento, formulado en varias ocasiones, fue recientemente reiterado ante el magistrado.
Según datos brindados por la Procuración Penitenciaria de la Nación, por presuntos hechos ocurridos en la Unidad 7 recibieron 29 denuncias de torturas en 2013, de las cuales 13 llegaron a convertirse en denuncias penales. En 2014, último año en el que Amargán dirigió ese penal, hubo otras 15 acusaciones de torturas. A pesar de estos antecedentes, en aquel año el funcionario fue ascendido a jefe de la región Noreste del SPF.
