Con escasos recursos, el gobierno de Mauricio Macri impulsa a los gobernadores a endeudarse como una medida paliativa ante la falta de fondos de las arcas nacionales.
El pedido de la Casa Rosada es parte de la ronda de diálogos que mantiene el Gobierno con los mandatarios, en medio del debate por ley de coparticipación que, según sostienen en Balcarce 50, no tendrá acuerdo y quedará postergado.
El equipo económico y político del Presidente le garantizó ya a los gobernadores que aprobará los avales por parte del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que conduce Alfonso Prat-Gay, como garantía del apoyo de la Casa Rosada para tomar compromisos internacionales.
Hasta ahora, esa vía tomó la provincia de Buenos Aires que logró la aprobación legislativa después de un duro enfrentamiento con el kirchnerismo y los intendentes peronistas para endeudarse por $60.000 millones, una cifra menor a la que había promovido María Eugenia Vidal con el envío del presupuesto para este año, pero muy superior a los $20.000 millones que había solicitado la gestión anterior en el último mandato de Daniel Scioli.
En la Casa Rosada sostienen que la decisión de la gobernadora, acordada con el Presidente, fue el puntapié inicial para una acción que esperan, imite el resto de los gobernadores.
El mismo camino siguió Mendoza, conducida por el radical Alfredo Cornejo, aliado político del macrismo, y Neuquén.
El pedido oficial se focalizó sobre todo en aquellos distritos que tienen mayores problemas financieros.
Esa misma recomendación le hizo la Casa Rosada a Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz, urgida de fondos, que rechazó esa posibilidad tras la última reunión que mantuvo con el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio. La cuñada de Cristina Kirchner viene reclamándole al gobierno de Macri asistencia para la provincia. El miércoles pasado directamente acusó al Presidente de «ahogar financieramente» a su distrito y denunció que las obras, que «en un 97 por ciento son financiadas por la Nación, están paralizadas».
El Gobierno retaceó fondos para Santa Cruz con el argumento de que el 9 de diciembre, el último día de la gestión anterior, se aprobó la última partida de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que salió de Balcarce 50, y fue para el distrito kirchnerista.
«Hasta ahora todos tomaron muy bien el pedido, menos Alicia Kirchner», puntualizó un funcionario del área política de la Casa Rosada, que consideró que el rechazo de la gobernadora está relacionado a una posición política histórica del kirchnerismo en contra del endeudamiento externo.
Según el Gobierno, la gestión anterior consumió la masa total de recursos de ATN, unos $15.000 millones anuales, en el programa de renegociación de pasivos que las provincias tienen con la Nación, que se prorrogaba cada tres meses. Sostienen que sólo quedaron unos $1000 millones, y que por lo tanto, no cuentan con fondos para asistencia directa. A eso se suma que a fin de año desembolsaron adelantos de coparticipación para garantizar el pago de los sueldos y aguinaldos en media docena de provincias.
El pedido para que los gobernadores se endeuden en el exterior está acompañado de la promesa de la Casa Rosada de resolver el conflicto con los fondos buitre, para conseguir, una vez destrabado ese pleito, préstamos más baratos.
A cambio, reclaman el apoyo de los legisladores que responden a las distintas provincias en el debate que se vendrá en el Congreso si la Casa Rosada logra un acuerdo para el pago.
La semana que viene, el Gobierno retomará los encuentros con los gobernadores ante la promesa de debatir un nuevo reparto de los recursos coparticipables. De todas maneras, no hay expectativas oficiales de que pueda salir un acuerdo. A cambio, están ideando un esquema para descentralizar la administración y ejecución de los fondos, aunque el Presidente se reservará la decisión de a quién, cómo y en qué momento distribuye los recursos nacionales. Lo que hará es dejar en manos de los gobernadores la decisión de definir qué obra hacen y cómo la licitan.
Está descartado, además, que la Casa Rosada dé marcha atrás con la anulación para la devolución a las provincias del 15 por ciento que retiene por coparticipación.
