por Eduardo G. Fernández . presidente de APYME
La desregulación de la compra y venta de divisas y la política de “flotación sucia”, junto con la quita de retenciones a productos agropecuarios y a exportaciones industriales, implicaron una fuerte devaluación y una evidente transferencia de ingresos desde los sectores de ingresos fijos y las Pymes.
A estas medidas se agregaron la desregulación financiera y de las normas para el ingreso de capitales especulativos, la liberalización comercial y el inicio de un proceso de ajuste del gasto público que en los hechos significa además el peligro de desmantelamiento de áreas estratégicas del Estado.
En la reciente intervención del presidente y de las autoridades económicas en el Foro de Davos, quedó claro que el cierre de la brecha fiscal y el sostenimiento de las políticas de mercado se va a financiar con un proceso de endeudamiento externo, subordinado a una solución amigable con los hold out, es decir, los fondos buitre. También se propicia una orientación hacia acuerdos de libre mercado con Europa y los EE.UU.
Es preciso puntualizar que la mayor parte de estas decisiones, auguran un cambio drástico en la orientación de las políticas públicas y el papel del Estado, muchas de las veces a significado violentar legislación vigente, que debería ser discutida y ratificada en el Congreso Nacional.
Las Pymes, en peligro
Una consecuencia notoria de este enfoque es un inocultable proceso inflacionario, con efectos sociales imprevisibles que agudizará la ola de despidos en todos los ámbitos del Estado, con “luz verde” para actitudes similares en grandes empresas. Ya se está comenzando a hacer sentir una caída en el poder de compra de los salarios, que inevitablemente conduce a un freno a la demanda del mercado interno, principal sustento de las Pymes.
La disminución de las ventas lleva al conjunto de las Pymes a una situación de alto riesgo competitivo que afecta su rentabilidad, ya que el sector está condicionado por el comportamiento de los grandes formadores de precios, mayormente monopolios y oligopolios industriales y comerciales. La desactivación de los controles y la información sobre las cadenas de valor dispuesta por el Gobierno dejará sin armas al Estado para evitar abusos.
En estos días ha comenzado a efectivizarse la desregulación y quita de subsidios en el sistema energético, que repercute inequitativamente sobre los costos de las Pymes y deprime aún más la capacidad adquisitiva del salario.
Por su parte, la industria sustitutiva, con importante composición Pyme, cuenta con la espada de Damocles de los cambios en el sistema del comercio exterior, que elimina los Registros de Operaciones de Exportación y sustituye el sistema de las DJAI por el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones. En la práctica, se pasa a proteger sólo a unas 1.000 posiciones arancelarias mediante licencias no automáticas, que por norma de la OMC tienen sólo dos meses de plazo. Si bien se están discutiendo las situaciones de distintos sectores, por el momento la incertidumbre es lo que prevalece, en el marco de presiones internacionales para su liberalización total.
Otro factor de alerta para las Pymes es el freno y encarecimiento del financiamiento. Si bien se anunció la continuidad de la línea de créditos productivos, el cambio en la orientación del BCRA hacia una mayor liberalización implicó menores obligaciones para los bancos y mayores tasas para las empresas destinatarias. A ello se sumó la resolución 39.645 de la SSN, que elimina la obligación de las compañías aseguradoras de aportar un porcentaje de inversiones al financiamiento productivo y Pyme.
Inquietudes y propuestas
Este panorama determina un estado de alerta y deliberación en los distintos ámbitos de actividad Pyme. A fin de dar cauce a las voces de miles de empresarios, y con la intención de contribuir con diagnósticos y propuestas a la solución de los problemas existentes, APYME inició una ronda de consulta a las Delegaciones de todo el país y a dirigentes empresariales sobre las principales preocupaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Sobre esta base de consultas nuestra entidad se ha propuesto la elaboración de una “Agenda Pyme” de diez puntos que no busca agotar el tema sino constituir un punto de partida para la discusión y la adopción de medidas tanto de corto como de mediano plazo.
Estos puntos incluyen: 1) el carácter del Estado y su papel en la economía; 2) el acceso al financiamiento para las Pymes; 3) la protección eficiente de la producción local; 4) la categorización de las Pymes y la segmentación de las políticas; 5) la evolución del mercado interno, principal sustento del sector; 6) la situación de la Secretaría Pyme y los programas vigentes; 7) la vinculación de las Pymes con las compras estatales y los grandes compradores; 8) la competitividad del sector frente a las ventajas de las empresas formadoras de precios e hipermercados y grandes cadenas de comercialización. 9) la necesidad de un plan industrial de mediano plazo, con sustitución selectiva de importaciones, transferencia tecnológica y exportaciones con valor agregado; 10) medidas impositivas para atender en la emergencia a las Pymes, monotributistas y autónomos, y discusión de una reforma pendiente del régimen tributario.
Debe considerarse, para dar un marco a los debates en curso, que más allá de las buenas intenciones, la experiencia histórica de nuestro país indica que las desregulaciones que culminan con beneficios exclusivos para los sectores concentrados y el capital financiero local e internacional nunca se han derramado sobre las Pymes, los trabajadores y los sectores medios.
La búsqueda de equilibrios macroeconómicos puede constituir un medio para alcanzar objetivos compatibles con el interés general, pero no puede ser un fin en sí misma en la medida en que no contribuya a la mejora en la calidad de vida del conjunto de la población y el fortalecimiento del entramado productivo nacional, en que las Pymes son determinantes para sostener el nivel de empleo y un factor dinamizador y democratizador en lo económico que debe ser tenido en cuenta.
