El director ejecutivo de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas, Miguel Calvete, advirtió que «esas subas pueden trasladarse a los precios de los alimentos si no hay una política de fondo que realmente permita sostener los valores en el tiempo». En este sentido, resaltó que «un acuerdo con las limitaciones que ha demostrado el programa de Precios Cuidados no puede sostenerse ante los cambios de tarifas u otros ajustes».
El ex ministro de Planificación y diputado por el Frente para la Victoria, Julio De Vido, también criticó la medida. Para el arquitecto, «el ministro de Energía, Juan José Aranguren no hizo una sola referencia a cómo, ni bajo que esquema, se va a garantizar el cumplimiento de las inversiones. Sólo premio para las distribuidoras y castigo para los usuarios: un tarifazo que deberán pagar los más de 15 millones de usuarios de todo el país». En este sentido, recordó que el gobierno anterior «destinó $90.000 millones en 2015 a subsidiar el precio eléctrico mayorista que pagan por igual todas las distribuidoras del país».
El titular del Instituto Argentino de Energía, Gabriel Rabinovich, agregó que también se reducirán en algún momento los subsidios al gas. «Va a tener que aumentar, sobre todo en los consumos residenciales, porque tiene subsidios importantes que están dentro de la meta del gobierno reducirlos», sostuvo Rabinovich, y agregó que «el precio de referencia fijado para la generación en el mercado mayorista es de 770 pesos el megavatio por hora, de lo cual la mitad se traslada a la tarifa».
El tarifazo eléctrico empuja aun más la inflación
El alza de los precios de casi todos los rubros de la economía empezó a generar modificaciones en los números estimados de inflación para este año. Economistas privados y referentes de partidos políticos opositores observan que tras los aumentos en luz, carne, alimentos, peajes y abonos de medicina prepaga la inflación de 2016 estará más cerca del 40% que del 30% que se había estimado. Mucho más lejos aún de la meta de entre 20 y 25% que esbozó el ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, hace unas semanas.
Economistas de confianza del ex intendente de Tigre, Sergio Massa, observan una suba que irá entre el 30 y el 38%. Para Aldo Pignanelli habrá una inflación por arriba del 30%, en ese número se incluye el impacto que tendrá en el bolsillo el aumento de tarifas de luz. En tanto, Martín Redrado pronosticó una inflación del 38%, también impulsada por el aumento en la tarifa energética.
Por su parte, el economista de perfil kirchnerista Agustín D’Attellis maneja números más altos, con una inflación en torno a un 40% anual. Solamente la suba de tarifas «implicará un salto de 9 puntos en el cálculo del IPC anual», aseguró.
En la misma línea, Enrique Déntice, de la Unsam, explicó que «va a haber una inflación muy alta para el 2016, con un piso de 32% o 33%». «La quita de subsidios va a tener un efecto en los precios de 9 puntos», estimó.
El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortíz, que conduce Andrés Asiaín, sumó en su último informe el impacto de la devaluación: «La política de shock devaluatorio y eliminación de retenciones ya mostró sus primeras consecuencias.
Para Fausto Spotorno, de la consultora Orlando Ferreres y Asociados, «en el primer semestre la inflación va a estar dada por el salto de precios por los aumentos de tarifas, la devaluación y la quita de retenciones». En este contexto, observa un escenario base con inflación de 33,5%.
Por la inflación los sindicatos piden el 40% en paritarias
El secretario general de ATE y la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, planteó ayer que «recuperar el poder adquisitivo, reincorporar a los despedidos y terminar con la precariedad laboral es la prioridad de los trabajadores estatales» de cara a la negociaciones paritarias que se desarrollarán la semana que viene con el gobierno provincial.
«Vemos como una necesidad la discusión en forma urgente y prioritaria un aumento salarial retroactivo a enero que permita recuperar el poder adquisitivo», sostuvo De Isasi en declaraciones difundidas a través de un comunicado de prensa.
El dirigente gremial consideró que la canasta familiar de consumo mínimo «estuvo, a octubre de 2015, en torno a los 15.000 pesos y si se los compara con los 7300 pesos que ganaban un porcentaje alto de los trabajadores como los auxiliares de educación y una porción importante de los administrativos, se desprende que a esa fecha se necesitaban más de dos salarios para cubrir la canasta básica».
También pidió «la reincorporación de los cientos de trabajadores despedidos del estado provincial» y aseguró que «para que exista un Estado al servicio de los que menos tienen, deben ampliarse la cantidad de trabajadores y no achicarse».
Por otro lado, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) resolvió ayer el «estado de alerta y movilización», con una jornada de lucha el próximo 17 de febrero en reclamo de un 40 por ciento de aumento salarial.
En un congreso de delegados realizado en la sede de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) nacional, la CICOP planteó el incremento salarial «como piso con mecanismo de actualización», así como coordinar las medidas de lucha con el resto de los gremios estatales.
En un comunicado, el plenario de delegados detalló que *los reclamos son paritarias ya para discutir salarios y condiciones laborales; aumento salarial no inferior al 40 por ciento con cláusula de actualización; defensa de derechos previsionales; no a los despidos en los municipios: todos en planta permanente; derogación del decreto que limita la aplicación de la ley 14.656; negociaciones colectivas con inclusión plena de los profesionales de la CICOP; y partida presupuestaria de emergencia para salud».
En tanto, el secretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, sostuvo que el acuerdo salarial alanzado por la Asociación Bancaria (AB) para la primera parte del año «puede ser tomado como un caso» para trabajar con otros gremios y reiteró que espera que la discusión sobre el incremento salarial esté dentro del 25 o 26%, «que es la pauta de inflación que fijó el ministerio de Economía».
El funcionario nacional detalló que los empleados bancarios acordaron postergar la negociación paritaria para fin de marzo a cambio de una suma fija de 9000 pesos -repartidos en sumas iguales durante enero, febrero y marzo- lo que le da al gobierno un margen para que «la economía se vaya ajustando y la inflación vaya bajando».
Según Prat-Gay hay que optar entre empleo y salarios
Los primeros días de enero el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, lanzó una advertencia a los trabajadores de cara al diálogo económico y social que comenzará este mes y a las paritarias de 2016: quienes soliciten aumentos salariales considerados excesivos podrían terminar perdiendo su empleo. “Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos”, sentenció Prat-Gay en declaraciones televisivas.
“Cada paritaria discute lo que puede discutir. Me parece que acá no es solamente la dimensión del salario sino también cuidar el empleo”, opinó Prat-Gay, por lo que apeló a una disyuntiva que no se cumplió en los últimos años.
La amenaza del marco local, regional e internacional
La diferencia con el pasado reside en la eliminación de las restricciones a las importaciones. La competencia externa, de lugares en crisis como Brasil, la periferia de Europa o de naciones manufactureras de bajos salarios como China pone una cota a los precios de la industria, y por lo tanto a los salarios de los sindicatos más importantes. La amenaza, por lo tanto, es que ante un aumento mayor al esperado en los salarios, el resultado es la disminución de la producción y la destrucción del empleo.
