El candidato Mauricio Macri lo reiteró varias veces en el tramo final de la campaña para las elecciones presidenciales: el país no tiene problemas de divisas, le sobran divisas por sus excedentes exportables. Sólo hacía falta remover “el cepo cambiario” para que los exportadores “pudiesen vender, porque a este dólar que no existe, nadie puede cubrir los costos”, resumía.
El dólar inexistente era el oficial en torno de los 9,50 pesos, corrían las últimas semanas de octubre, primeras de noviembre, y cada vez más claramente la idea de Macri Presidente se asociaba a una megadevaluación y quita de retenciones al agro, para que “los exportadores traigan los dólares”.
Era lógico que, en la platea de aliados del candidato de Cambiemos, los exportadores de granos y las entidades rurales de la Pampa Húmeda aparecieran en primera fila. E inmediatamente atrás, los productores agrarios del resto del país, incluso los medianos, suponiendo que el beneficio de la política prometida derramaría a favor de todos. A un mes de instalado el nuevo gobierno, Macri cumplió: devaluó, quitó retenciones y eliminó restricciones burocráticas (el ROE) a las exportaciones. Sin embargo, los dólares no entran en la medida esperada, las reservas en el Banco Central no se acumulan como se había imaginado, comienzan a aparecer manifestaciones de “preocupación” de entidades como Confederaciones Rurales Argentinas, consideradas aliadas incondicionales (incluso puso el ministro de Agroindustria) y fuertes críticas de sectores de la producción que se ven “sorprendidos” por no recibir los beneficios esperados. ¿Qué fue lo que falló? O, mejor preguntar, ¿qué fue lo que no se entendió, o no se explicó, en realidad, de los efectos que produciría la devaluación y el levantamiento del “cepo”?
La fiesta que no fue: por qué los exportadores no aportaron lo que de ellos se esperaba, y por qué los pequeños productores de granos, los de economías regionales, los tamberos, los ganaderos y otros que esperaban participar, no fueron invitados. Esta es la historia del primer cortocircuito entre el macrismo y sus expectantes aliados.
Los 400 que no llegaron
El gobierno de Cambiemos demoró no más de una semana en implementar la devaluación y eliminación de los derechos de exportación, salvo a la soja. Se esperaba, y se aseguraba que existía el compromiso, de que los exportadores liquidarían a partir de ese momento unos 400 millones de dólares diarios, resultado de cosechas retenidas a la espera de la devaluación. Las grandes cerealeras juran que ellas no especulan, los dirigentes rurales señalan que una parte de los granos que ellos guardan en silobolsas ya están vendidos a los exportadores. Lo que nadie niega es que hay un enorme caudal de dólares por liquidar por operaciones que están pactadas y que sólo esperan ser subida a los barcos para ser cobradas. Pero con el dólar a 13, las exportaciones ingresaron por cuentagotas. Ya cerca de 14, apenas si se aceleró el goteo, y ahora sólo se sigue con atención hasta cuánto deberá escalar para que exportadores/grandes productores con espalda, abran los silobolsas. La esperanza de los primeros días del equipo económico de creer que había estabilizado el “mercado libre” en un tipo de cambio inferior a 13,50 se diluyó ante la ambición de los traders cerealeros, que siguen escalonando el precio del dólar con la demora en liquidar las ventas.
Primera lección: levantar “el cepo” significa que el Banco Central deja de fijar el tipo de cambio diariamente, pero no es un “mercado libre” el que toma la posta y la responsabilidad, sino un poderoso pool exportador que es el que controla la oferta. No desapareció la autoridad cambiaria, sólo dejó de ser estatal.
Libre pero distorsionado
Las entidades de la Mesa de Enlace hicieron suya la bandera de acusar al Estado de todos los males, de “distorsionar” los precios por su “intervencionismo” en el mercado. Pero a menos de 20 días de que el Estado se hizo a un lado y dejó hacer a los actores privados, se conocen manifestaciones críticas y muestras de preocupación de las entidades que se embanderaban con aquellos principios neoliberales. “Carbap ve con profunda preocupación las distorsiones de precios que hoy se observan en el mercado triguero y girasolero, en donde tras la reducción de las retenciones y eliminación de los ROE aún persisten importantes diferenciales de precios entre lo que vale el trigo y el girasol y lo que se le paga al productor”, afirmó la entidad que agrupa a los grandes productores de Buenos Aires y La Pampa. “Preocupa a esta entidad la persistente transferencia de recursos del productor triguero a otros eslabones de la cadena, tal como ha ocurrido en los últimos años”, señalaba en su comunicado del 30 de diciembre, aludiendo a exportadores e industria molinera y aceitera, cuyos grandes operadores conforman un bloque único. “Hoy, el productor sigue sin recibir el precio lleno del trigo y continúa recibiendo mucho menos (casi U$S 50 de diferencia por tonelada) (…). Algo similar ocurre en el mercado girasolero, en donde el productor recibe cerca de mil pesos menos por tonelada de acuerdo a trabajos técnicos de nuestra entidad”, señala, marcando que la baja en las retenciones, del 23 por ciento en el trigo y del 32 por ciento en el girasol, sólo se transfirió en menor medida al productor, mientras que el exportador o el industrial se apropió de la mayor parte. Confederaciones Rurales, entidad nacional de la que proviene como dirigente Ricardo Buryaile, se manifestó en la última semana en similar sentido, reclamando la intervención del Estado para corregir las distorsiones. Las que los perjudican, claro está.
Segunda lección: las distorsiones del mercado no se resuelven corriendo al Estado. Existe un factor distorsivo mucho más pernicioso que se llama “posición dominante” de parte de los actores más poderosos, que en esquemas de libre mercado encuentran la condición propicia para hacer abuso de la misma.
Migajas devaluadas en la leche
Cuando el gobierno kirchnerista definió, como política para el sector lechero, una compensación sobre cada litro producido, el ex titular de la Sociedad Rural Hugo Biolcati, dueño de un emporio lechero que es el principal proveedor de la materia prima para la firma Nestlé en el mundo, calificó a esa ayuda, despectivamente, como “migajas”. La compensación que fijó el gobierno el año pasado para la lechería fue de 30 centavos para los primeros 2900 litros de producción de tambos con capacidad de hasta 6 mil litros diarios, sobre un precio que le pagaba la industria al productor de 2,80 pesos. Este año, en la primera intervención de gobierno de Cambiemos en el tema, el subsidio se fijó en 40 centavos, pero para los primeros 3000 litros diarios de tambos de cualquier tamaño. Se eliminó la política segmentada, pero además se ignoró la realidad de que el tambero hoy recibe tan sólo 2,50 pesos por litro que le paga la industria, sufrió un aumento en el precio de maíz que alimenta los animales del 90 por ciento por efecto de la devaluación, suba en los combustibles y alza en los alquileres (el 50 por ciento de los tambos funcionan en terrenos alquilados) también a la par de la devaluación, ya que su precio se define a valor soja.
Como otras economías regionales, la lechería está sufriendo las consecuencias más que disfrutando los beneficios de la devaluación. La mejora en las condiciones para exportar no resuelve el problema de un mercado mundial deprimido y con precios en caída libre. Otras economías regionales aún están esperando definiciones oficiales respecto de políticas específicas que, si no resuelven, al menos ofrezcan paliativos a situaciones afligentes y que ahogan la producción. Frutas, verduras y hortalizas en diversos puntos del país, como la cría de animales para producción de carne en las provincias patagónicas son algunos de los sectores más urgidos.
Las señales oficiales, por ahora, no son muy auspiciosas. No hay a la vista una batería de medidas para atacar diferentes conflictos, sino una política general de apertura y liberalización de mercados, de la que se asegura que dará respuesta a todo. Hubo expresiones del secretario de Agricultura, Ricardo Negri, que inclusive encendieron algunas luces de alarma, cuando expresó que “no se descarta” la posibilidad de importar carne en el caso de faltante en el mercado interno por problemas de la producción local.
La tercera lección que deja el modelo simple de devaluación, levantamiento del cepo y eliminación de retenciones es que lo que es bueno para los sectores más concentrados de la pampa húmeda, no necesariamente tienen el mismo efecto para los pequeños productores de las economías regionales. A veces, como en ésta, todo lo contrario, porque el encarecimiento de costos llega antes y en forma más contundente que los beneficios imaginados.
La Mesa de Enlace, como tal, ya no existe. Desde las entidades que la hegemonizaban, Sociedad Rural y CRA, el objetivo se debe haber dado por cumplido con el cambio de gobierno. Otros, como Federación Agraria, ya antes de ese cambio empezaron a reorientar su política. De las primeras, ha sido notable la ausencia en público durante estas semanas del gobierno de Macri de los dirigentes de la SRA. Confederaciones Rurales, en cambio, ya hizo conocer algún disgusto. Las condiciones en las bases empiezan a mostrar que no existía un interés tan común entre todos los productores, y que “el campo” no resultaba esa entelequia homogénea de la que algunos sacaron provecho político. Con el gobierno de Macri enfrentando sus primeras contradicciones dentro de las propias filas aliadas, las expresiones de disidencias en el sector agropecuario empezarán a ser más frecuentes.
No fue magia. Fue una brutal devaluación (que todavía no tocó su techo) que promovió una fenomenal transferencia de ingresos en la que, para estar entre los beneficiarios, no alcanzaba con la adhesión política.
