Sabbatella presentó el miércoles un pedido de amparo y reclamó la justicia se exprese ella respecto al futuro de la ley de Medios y también sobre la legalidad del decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad que prevé la intervención del Afsca y que designa como interventor a Agustín Garzón.
Cerca de la medianoche de ayer, a una hora de que inicia la Navidad, Sabbatella se retiró de la sede porteña del Afsca –Suipacha al 700- y allí la comitiva de la Policía Federal que había llegado pasada las 16 colocó la faja de clausura al edificio por orden del juez federal Julián Ercoloni, quien dictó la orden de desalojar por pedido del fiscal Carlos Stornelli.
En ese marco, Sabbatella aclaró este mediodía, en una entrevista radial con Víctor Hugo Morales en Radio Continental, que “la cuestión judicial de fondo sobre la legalidad del decreto que interviene el organismo va por otro carril paralelo a la discusión por la suspensión de la ley de servicios de comunicación audiovisual”.
“Clausuraron un organismo público. Clausuraron la ley de Medios de la democracia y demostraron desde el gobierno nacional que no tienen límites”, reflexionó Sabbatella quien advirtió: “Yo no quería desobedecer la orden de desalojo pero quería que en el acta figure que el juez se hace cargo de que la ley de Medios se suspende”.
En esa misma línea, continuó: “No están sacando a los directores designados en democracia (del Afsca), sino que están clausurando un organismo público y que clausuren una ley es un disparate”.
En la tarde de ayer, el juez Ercolini ordenó el allanamiento a la sede e intimó a retirarse a quienes se encontraban en el edificio y dispuso desalojarlo con la Policía Federal en caso de ser necesario.
Ercolini hizo lugar así a medidas pedidas por el fiscal Stornelli al requerir impulsar la denuncia presentada contra quien fue hasta ahora titular del organismo por el designado interventor del Afsca Agustín Garzón.
En la resolución firmada por el magistrado, se ordenó el desalojo con el fin de «preservar el patrimonio» del Estado nacional y aclaró que está pendiente en otro fuero, el Contencioso administrativo federal, resolver si el decreto de intervención del organismo es o no válido.
Además dispuso realizar «una exhaustiva constatación del estado de los bienes del Estado que se encuentren en el lugar, dejando la debida consigna policial tendiente a garantizar que cesen los efectos de los delitos denunciados».
Esta situación comenzó cuando el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, anunció el pasado miércoles las intervenciones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (Aftic).
En esa medida, el gobierno macrista explicó que la intervención está basada porque sus autoridades “no responden a la estructura orgánica de la ley de ministerios” y porque “existe una rebeldía para atenerse al nuevo régimen que fija las políticas de comunicación”.
