Fueron duramente críticos con todas y cada una de las medidas y políticas articuladas por el gobierno anterior. Denostaron sistemáticamente cada nombramiento, cada ley que se sancionó democráticamente en el Parlamento, demonizaron todo nuevo derecho que se adquirió y no se dieron un segundo para el análisis, si tocaban intereses del poder económico concentrado, no servía.
Simplemente siguieron la agenda del Zar del Grupo Clarín, Héctor Magnetto -quien participó de la gala en el Teatro Colón el día de la asunción del nuevo presidente- que era correr a como dé lugar a un gobierno democrático y constitucional mediante el uso de miles de portadas de diarios y todos y cada uno de los programas de radio y televisión que dependían del multimedio. Esa fue la agenda mediática de los últimos años.
Ahora, los mismos que enarbolaron las banderas del periodismo crítico, sencillamente se dieron vuelta y de la noche a la mañana en nuestro país reina la paz y la alegría. De pronto está todo bien y repleto de gente bella que camina feliz a lo largo y a lo ancho del país.
Es lógico, tienen un gobierno que defiende sus intereses, los del poder hegemónico, y que están propiciando la transferencia de riqueza más vergonzante de la que se tenga memoria.
Los medios y periodistas corporativos, ahora devenidos en militantes oficialista,s se decidieron a bancar la parada ante la lluvia de cuestionamientos al Presidente por las decisiones y resoluciones motorizadas en los primeros 5 días de gestión, donde se firmaron más decretos que en los últimos 8 años.
Hoy, como caso ejemplo emblemático defienden el nombramiento de jueces en la Corte y consideran que la polémica designación es “legal”.
No existen precedentes democráticos para la designación de jueces cortesanos sin acuerdo del Senado, sin embargo, los matutinos juegan sus fichas a favor de Macri.
Clarín afirma que “el presidente los propuso al Senado y los nombró en comisión”. Y agrega que “así se llega a 5 miembros, número previsto para el tribunal”. Sin embargo, la designación viola rotundamente la Constitución Nacional por no tener acuerdo previo del Senado para nombrar jueces cortesanos. La burda movida avasalla la república y las instituciones.
Por su parte, La Nación afirma que “el presidente los designa hasta que el Senado los apruebe, sin acuerdo pueden permanecer un año”.
La defensa ciega de los medios oficialistas ante una violación de los procesos constitucionales previstos para el nombramiento de jueces es un botón de muestra del blindaje comunicacional.
En tanto, ambos matutinos borraron por completo las movilizaciones realizadas en todo el país a favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Algo que también fue ocultado por casi todos los canales de televisión que se decidieron a no cubrir la marcha.
Silenciaron deliberadamente la reducción en el presupuesto educativo, que de acuerdo a la ley vigente debe contar con un presupuesto del 6,4 por ciento del PBI y que uno de los primeros decretos firmados por el actual presidente, lo reduce a menos de la mitad, 3 por ciento.
Por otro lado, el nuevo presidente dispuso que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) dejen de pertenecer a la órbita de la Presidencia de la Nación y pasen a subordinarse al Ministerio de Comunicaciones, a cargo del radical Oscar Aguad.
Además del cambio de órbita, la redacción del DNU modifica en parte la ley de medios, declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia. Desde la Afsca consideraron que la decisión se inscribe en el marco de una estrategia para desplazar a Martín Sabbatella del organismo y beneficiar a las grandes empresas de medios, principalmente el Grupo Clarín.
Sobre la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias e industriales, utilizaron ríos de tinta para explicar que «es el resarcimiento a un reclamo histórico». Pero ocultan deliberadamente el impacto que tendrá en el poder adquisitivo de la clase trabajadora.
Pese a haber criticado el supuesto autoritarismo de Cristina Kirchner a lo largo de la campaña y de todos los años anteriores, ahora Macri se saltea al Congreso y a la discusión entre fuerzas políticas y gobernará por decreto durante más de tres meses.
Es llamativo que un gobierno ungido por el voto popular, pareciera no tener en vista la legitimidad con la que cuenta y toma las decisiones como si hubieran tomado el poder por la fuerza. Es el signo de estos tiempos que corren.
