El Plan Belgrano: De la destrucción del Mercosur a la Alianza del Pacífico

Lo presentaron como un programa de desarrollo social, productivo y de infraestructura orientado al crecimiento y la igualdad de condiciones y oportunidades para diez provincias del norte argentino. El Plan Belgrano fue presentado por Mauricio Macri durante la campaña presidencial, en Tucumán.

La propuesta -según adelantaron- apunta a beneficiar a las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

Sin embargo, detrás de estas promesas de expansión para las provincias del norte, se esconde un programa que, intencionalmente o no, propicia un escenario nefasto para la industria local y en particular para las Pymes.

Según un análisis del Director General del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), Federico Bernal, la destrucción del eje Buenos Aires-Brasilia-Caracas es fundamental al plan estadounidense de sometimiento regional. Y la administración macrista es su pieza medular.

De hecho, sus principales propuestas están en sintonía fina con los postulados de los países firmantes de la Alianza del Pacífico y los reclamos del Congreso de EE.UU. hacia América del Sur.

En primer lugar, el ya anunciado ataque contra Venezuela. En segundo lugar, el “plan de infraestructura” más promocionado por Macri y supuestamente el más importante de sus cuatro años, el denominado Plan Belgrano, destinado al norte del país.

Lejos de ser un genuino interés por el desenvolvimiento regional, este plan tiene que ver con el desarrollo de una infraestructura de vinculación con la AP y el Océano Pacífico, infraestructura contraria a la Iniciativa de Integración Regional Suramericana (IIRSA) implementada por el Mercosur.

En tercer lugar, la cuestión Malvinas. Nuevamente e impulsado por EE.UU., la posición de Macri se encuentra en las antípodas de lo avanzado desde el Mercosur, Unasur y la CELAC. Claramente a la OTAN no le interesan amenazas políticas que puedan hacer tambalear su base militar más poderosa en suelo latinoamericano.

En cuarto y último lugar, la “lucha” contra el narcotráfico, tan presente en el discurso de Macri. ¿Por qué? Porque es una demanda del sector industrial y corporativo estadounidense que lo utiliza como mecanismo de protección indiscriminada de sus inversiones, activos y operaciones de lobby. Aquí debemos remitirnos al TLCAN, que si bien se trata de un TLC signado por el Congreso mexicano, implícita y explícitamente está regido por la Alianza de Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN).

En un trabajo sumamente interesante al respecto, el economista mexicano Rodolfo González Molina (Revista Economía Informa – Mayo/Junio 2015) explica que la política de la ASPAN en materia de negociaciones comerciales “… después del ataque a las Torres Gemelas, tiene como objetivo, según declaraciones del presidente Bush “la protección de las fronteras y avanzar en medidas coordinadas sin fisuras dentro y más allá de nuestras fronteras para ofrecer a los ciudadanos protección contra terroristas, criminales y desastres naturales comunes”. Desde los primeros ensayos de Tratado de Libre Comercio en la región (Plan Mérida, Plan Puebla Panamá, etc.) hasta los últimos en México y Colombia, todos quedaron sometidos a la aprobación de planes de combate al narcotráfico y al crimen organizado, sofisma para contratos multimillonarios de compra de material bélico y financiamiento para la militarización de las fronteras. Por ejemplo, la ayuda estadounidense a México se estima en 1.400 millones de dólares en los últimos años para la militarización de la frontera sur, la modernización de sus fuerzas militares y policiales, la compra de equipo (a Estados Unidos) y la capacitación impartida por agencias también estadounidenses (ver “Del Tratado de libre Comercio de América del Norte a la Alianza de Seguridad y Prosperidad”, 2009). En suma, control comercial, financiero, militar y geopolítico.

La suspensión de Venezuela y su eventual expulsión del Mercosur, sumados a la destrucción del aparato industrial y productivo argentino como consecuencia de la administración neoliberal macrista insertará a la Argentina de lleno en la AP, lo cual en definitiva y en razón de lo expuesto será equivalente a suscribir informalmente un TLC entre nuestro país y EE.UU.

Las manufacturas estadounidenses nos lloverán a través de Chile, Perú, México y Colombia. Nuestras exportaciones se primarizarán, como sucedió con las exportaciones de la AP (el principal producto de exportación es el petróleo), como con México desde la firma del TLCAN (analizado oportunamente) y Colombia en años recientes. Efectivamente, a sus socios de la AP, Colombia les vende carbón (17%) en primer lugar, e importa Maquinaria y equipo (24,6%), Automotor (20,8%) y Metalurgia (11,7%). Yendo al caso argentino: ¿Nuestro producto exportable de mayor interés para Washington? El petróleo y el gas natural de Vaca Muerta. ¿Las empresas encargadas? Las multinacionales del país del norte, con sus socias europeas, apuntaladas jurídicamente por el acuerdo con los fondos buitre y resguardados por estrictas normas de protección comercial y militar basadas en aranceles cero de la Alianza del Pacífico, la militarización de las fronteras y la lucha contra el narcotráfico. La infraestructura del Plan Belgrano, financiado por las mismas empresas involucradas, garantizará el saqueo de nuestros recursos vía Chile y con rumbo al Pacífico norte. En verdad nada nuevo, sino el histórico círculo vicioso de la depredación colonial.