Emilio Basavilbaso tendrá la responsabilidad de administrar la principal caja del Estado nacional, equivalente a casi el 40 por ciento del presupuesto y a cargo del pago de haberes de jubilados y pensionados, además de los programas Conectar Igualdad, PROCREAR Y PROGRESAR. Reemplazará a Diego Bossio, pero sus antecedentes distan mucho de los que ostenta el actual titular de la caja más grande del país.
«Desde 2008 la gestión de Mauricio Macri comenzó una tarea de descentralización de las funciones que tenía el IVC que se continuaron cuando a fines de 2012 asumió Basavilbaso», indicó a Télam Jonatan Badilvieso, abogado del Observatorio por el Derecho a la Ciudad.
Creado en 2003, el IVC tenía como principal objetivo centralizar todas las acciones correspondientes a las políticas de vivienda que incluían desde la construcción directa de vivienda social hasta el otorgamiento de créditos y la urbanización de las villas, entre otras.
«el presupuesto asignado al IVC ha ido disminuyendo de 2011 al presente no sólo en los créditos sancionados y vigentes, sino en las ejecuciones»
«Estas funciones se fueron delegando a diferentes organismos mediante mecanismos poco transparentes, al punto que hoy siguen sin ser claras las tareas que corresponden a cada organismo», describió Baldivieso.
En el mismo sentido, Pablo Vitale, coordinador del Área de Derecho a la Ciudad de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) describió que «esta descentralización genera una absoluta confusión a la hora, incluso, de establecer responsabilidades».
A modo de ejemplo, Vitale describió cómo funciona esa descentralización en el trabajo concreto en las villas: «La tarea de urbanización de la Villa 31 estuvo a cargo del Ministerio de Espacio Público hasta que se le transfirió la tarea a la Sechi (Secretaría de Hábitat e Inclusión); mientras que el mismo trabajo en las villas del sur está a cargo de Prosur Hábitat (de la Corporación Buenos Aires Sur)».
«Ahora bien, las tareas de emergencias en las villas las realiza la UGIS (Unidad de Gestión e Intervención Social), y la relocalización de las villas vinculadas con la cuenca Matanza Riachuelo sí están a cargo del IVC», continuó.
El análisis de ACIJ del presupuesto de vivienda para el año próximo indicó que «el presupuesto asignado al IVC ha ido disminuyendo de 2011 al presente no sólo en los créditos sancionados y vigentes, sino en las ejecuciones», y precisó que «al tercer trimestre de 2015 sólo se ejecutó el 36,5 por ciento del presupuesto vigente para el año en curso».
«En referencia a las responsabilidades que el IVC sostuvo, sí se encuentra el Programa de Rehabilitación de Conjuntos Urbanos, que implica, concretamente el trabajo de ‘mantenimiento’ en barrios como Villa Soldatti, donde en septiembre un niño murió y otros dos terminaron heridos como consecuencia de que cedió una baranda», señaló Vitale.
Y añadió que «sin embargo, a menos de dos meses de este hecho, a ese programa le redujeron un 30 por ciento el presupuesto para el año próximo en comparación a este año».
Pero más allá del trabajo en villas y barrios sociales, el IVC contaba con la responsabilidad de construcción de vivienda social, tarea de la que sólo continúa haciendo las nuevas viviendas correspondientes a la re localización de la Cuenca Matanza Riachuelo y de otras villas.
En este aspecto, un informe elaborado por la Comisión de Vivienda del Consejo Económico y Social publicado en mayo pasado informaba que «desde el IVC, se desarrollaron programas que promueven la construcción de viviendas nuevas siguiendo la misma lógica de producción que del mercado, es decir, localizando a las familias de menores recursos en las zonas olvidadas de la ciudad, (…), con falta de acceso a infraestructura socio-urbana».
En este informe, el Consejo también realizaba una evaluación de las políticas de entrega de créditos analizando el caso del programa de créditos hipotecarios denominado «Mi Primera Casa BA», orientado a la población más joven y a los sectores que poseen ingresos medios y bajos demostrables, es decir, un ingreso formal.
Esto se debe, en parte, al desajuste que existe entre los altos precios del suelo en la CABA y los montos prestados por el crédito, sumado a las condiciones y requisitos que se exigen, por lo que sólo un 0,25% de los solicitantes pudo acceder efectivamente a una vivienda definitiva», describía el documento.
De los casi 2.900.000 habitantes de la Ciudad, más de 756.000 (1 de cada 4) personas viven en condiciones habitacionales críticas; más de un tercio en villas de emergencia y asentamientos y unas 17.000 directamente en situación de calle.
