«Las personas con VIH presentamos una carta ante la Agencia Nacional de Discapacidad a cargo de Sr. Santiago Ibarzábal para solicitar la abstención de implementar, derogar las resoluciones 39/19 y 44/19 y manifestar nuestro repudio ante la situación que están viviendo las personas con VIH que cobran pensiones no contributivas», resumieron en su planteo.
En los últimos días, cerca de 40 mil personas recibieron cartas documento procedentes de la Dirección de Discapacidad, donde se las intimó a iniciar un trámite de Certificado Médico Obligatorio digital en el centro de salud más cercano al domicilio.
La carta tiene una condición: “El no cumplimiento de este trámite es bajo apercibimiento de proceder a la suspensión del pago de la pensión no contributiva”. Es decir, si el trámite no se realiza, la ANDIS dará de baja las pensiones.
«Fundación GEP manifiesta su más enérgico repudio ante esta situación. Sabemos que el sistema que propone la ANDIS es perverso y está especulando con el desconocimiento y la inaccesibilidad de muchas personas a poder realizar el trámite digital», recordarn.
Hoy, una pensión no contributiva es de $7280, mientras que la canasta básica alimentaria es de $11.117. Los especialistas advierten que por una cuestión burocrática miles de pacientes con VIH podrían perder, tal vez, el único ingreso con el que cuentan. (InfoGEI)
 junto a las organizaciones del Frente Nacional por la salud denunciaron que las pensiones de las personas con VIH están en peligro.){kind=link}