Según consignó Clarín, el futuro equipo económico ya se encuentra analizando la posibilidad de declarar inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia que dictó ayer la Presidenta Cristina Kirchner que deja sin efecto las detracciones del 15 y 1,9% de la masa de recursos de la Coparticipación Federal de impuestos, lo que implicará una quita de recursos a la ANSeS y la AFIP a favor de las provincias
De esta manera, el futuro presidente Mauricio Macri, inicia la primera magistratura dando marcha atrás a un decreto presidencial que busca cumplir con la decisión del máximo tribunal y pone en igualdad de condiciones a los 24 distritos del país.
Las intenciones del futuro gobierno buscan cumplir el fallo de la Corte Suprema ordenando al Estado Nacional atender las demandas de Santa Fe, San Luis y Córdoba, dejando a las demás provincias sin el beneficio que redunda por la percepción de los fondos coparticipables.
Según declaraciones del elector presidente, Mauricio Macri, «queda claro que la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) no quiere colaborar», dijo esta mañana al ser consultado por la prensa, luego de presentar a los ministros que lo acompañarán a partir del 10 de diciembre y además agregó que «da la sensación de que es seguir abonando en esto de ver cuántas trabas nuevas le puedo poner a un nuevo gobierno», y consideró que de este modo, la actual administración «en vez de salir por la puerta grande, sale por la puerta chica».
En tanto, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que la decisión del Gobierno nacional de dejar de retener el 15% de fondos coparticipables a las provincias, y cubrir esos montos con recursos del Tesoro Nacional para no afectar el financiamiento de la Anses, tiene como objetivo «cumplir con el fallo dispuesto por los miembros de la Corte Suprema de Justicia».
Fernández remarcó que las nuevas autoridades constitucionales «van a tener que empezar a tomar plata del Fondo de Garantía Solidaria, y que a corto plazo va a dejar de existir y no van a estar dadas las condiciones para poder cumplir con ellos (los jubilados)».
Según estimaciones privadas el impacto no sería menor. Sólo por el 15%, se trataría de 91.545 millones de pesos según un cálculo de la consultora Economía & Reciones y de unos $ 100.000 millones de acuerdo a NoaNomics.
Ayer, el Gobierno anuló -a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 2635/2015- la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado a todas las provincias luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional esa medida la semana pasada.
En el decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que con su fallo, el máximo tribunal «condiciona» a «la totalidad del sistema provisional de reparto y a las prestaciones de la seguridad social».
Según el ministro coordinador «el fallo dice que se debe dejar de retener de los fondos coparticipables el primer día hábil siguiente al fallo que fue ayer, 1 de diciembre, y eso es lo que la Presidenta ha entendido y que la gestión de gobierno ha llevado a la práctica», a fin de «`ponerlo en las condiciones que dice el fallo: devolución más intereses, y eso complica a la seguridad social».
«se pierde algo así como cien mil millones de pesos por mes con este 15 por ciento que no va a tener, y con lo cual el flujo no va a alcanzar para cumplir con la responsabilidad del pago de la jubilación, y habrá que echarle mano al Fondo de Garantía Solidaria, que sólo se utilizaba en casos excepcionales», explicó Fernández
Desde la Alianza Cambiemos sugieren que el DNU es inconstitucional porque reglamenta cuestiones impositivas y no corresponde extender un fallo puntual, que trata el caso de tres provincias, sobre el resto. “Acá no hay me too”, explicó un integrante del equipo económico a través de una figura del juicio ‘Argentina vs. holdouts’, en donde un grupo de buitres busca obtener la misma sentencia que otros ya exhiben firme a través del fallo Griesa.
La detracción del 15 por ciento de la masa de recursos coparticipables se estableció en el Pacto Fiscal de 1992, con el objeto de financiar la transición del sistema previsional estatal al privado. Luego fue prorrogada en 2006. San Luis, Córdoba y Santa Fe consideraron esto inconstitucional e iniciaron demandas.
Según adelantó hoy el gran diario argentino, una de las posibilidades es que Macri declare inconstitucional el DNU durante su gestión.
¿Qué pasará con el fallo de la Corte Suprema y la situación de las tres provincias que tienen una sentencia a su favor, se pregunta en un articulo el diario Clarín y explica que desde Cambiemos aseguran que se cumplirá, que se trata de una sentencia “individual”, acotada a las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba. Por el fallo, los recursos que Anses debería resignar en 2016 serían 16.552 millones de pesos, pero como el DNU lo extiende a los 24 distritos el monto se elevaría entre $ 91.000 y $ 100.000 millones según privados. Al sumar el porcentaje de la Afip, la cifra llegaría a $ 125.000 millones. “Es un fallo específico para San Luis, Córdoba y Santa Fe. No creemos que sea una cuestión generalizada”, afirmó ayer en declaraciones radiales Rogelio Frigerio, futuro ministro del Interior.
