Redes de medios comunitarios y trabajadores/as de la comunicación popular se manifestaron frente a la sede del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) donde se tramitan las licencias y autorizaciones, para denunciar que el gobierno «propicia y avala una legalidad a medias». Denunciaron además que se «discrimina y excluye a medios comunitarios».
Explicaron que mediante la resolución 4951 de 2018, con la cual se convoca a un proceso de “normalización” para otorgamiento de licencias en los grandes centros urbanos -denominados “zonas de conflicto”- «sólo pueden acceder las radios comunitarias con un reconocimiento dado en 2006, dejando de lado a las emisoras de nacimiento posterior a esa fecha».
Señalaron que, con este escenario, se ven perjudicadas las radios “hijas de la Ley”, es decir, las que fueron creadas durante y después del proceso de debate y sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. «Excluye y discrimina cuando utiliza la excusa de “interferencias” que, cuando existen, se limitan a simples desperfectos técnicos fácilmente solucionables, para clausurar y hasta ilegalizar medios», denunciaron.
Dijeron además que pretenden «darles un absurdo carácter penal, procesando comunicadores/as y valiéndose de “superpoderes” auto otorgados para hacerlo “a sola firma” de funcionarios de segunda línea». Advirtieron que los «concursos de radio y TV son interminables, plagados de obstáculos, o no abriéndolos siquiera en varias zonas del país». Denunciaron que «permite que los grupos concentrados que detentan el cable se den el lujo de burlar sistemáticamente la ley sin consecuencias, negando el acceso a la grilla a los pocos canales de TV comunitarios del país que, sorteando todos esos obstáculos, lograron acceder a una licencia».
Señalaron que existe una distribución «cada vez más arbitraria y concentrada de la pauta publicitaria; de la sub ejecución, desvío y recorte del Fomento legalmente establecido a medios comunitarios, originarios y de frontera; de la ley que consolida el monopolio de Papel Prensa; y de cada medida que consolida su propio blindaje mediático, indispensable para garantizar este plan económico de ajuste y hambre».
Entre las organizaciones, medios y sindicatos que reclamaron el derecho a «existir con legalidad plena, a ser una opción que garantice la pluralidad de voces y a ejercer el Derecho a la Comunicación sin discriminaciones ni exclusiones», se encontraron FARCO, CONTA, Red Colmena, AMARC, FADICCRA, la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Comunicación Popular (CTEP), el SiPreBA, entre otros.
LA PROTESTA EN CANAL 13
En la otra protesta, la cual condensaba el mismo reclamo, comunicadores populares ingresaron en las instalaciones de Canal 13, histórico canal de aire del monopólico Grupo Clarín, para demandar el ingreso de dos señales de televisión alternativas, Barricada TV y PAREStv, a la grilla de Cablevisión.El mencionado cable-operador bloquea el acceso a la pantalla de canales con licencia y habilitación del Estado por razones comerciales, incumpliendo la ley. Barricada TV y PAREStv demandaron a Cablevision y Telecentro en la Justicia por violar el derecho a la libertad de expresión y el derecho de las audiencias a estar informadas.
La medida cautelar es analizada por el Juzgado Contencioso Federal Nro. 9, a cargo de Pablo Cayssials. «Con su negativa, estas empresas silencian voces, desconocen conflictos y dejan de lado fuentes que no tienen espacio en los medios comerciales, eliminando de facto de la grilla a las expresiones del sector alternativo de la comunicación.
Parados por encima de las leyes deciden quiénes hablan y quiénes no, beneficiándose del apoyo de un gobierno que profundizó la concentración hasta niveles nunca antes alcanzados», denunciaron. La demanda de ingreso a la grilla del cable se suma a otras que afectan a los medios comunitarios en conjunto, en un escenario de virtual regresión en materia de derechos a la libertad de expresión. Cabe recordar que Barricada TV tiene una licencia de televisión digital abierta obtenida por concurso público en el canal 32.1, con un área de cobertura asignada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano bonaerense. El canal está habilitado por el Enacom y cumple con la totalidad de los recaudos exigidos por la ley y por la autoridad de aplicación. En igual situación se encuentra PAREStv, el canal comunitario de Luján, que en cambio logró integrar la grilla del cable local Telered. Ambos medios pertenecen a la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA).
