Ahora resulta que son todas carmelitas descalzas sometidas por la infame presión kirchnerista. Al menos así buscaron instalarlo Ángelo Calcaterra de IECSA y Juan Carlos De Goycochea ex Isolux, quienes iniciaron la estrategia de los empresarios M para tratar de zafar del escándalo por las coimas en la obra pública. Javier Sánchez Caballero, otro «arrepentido» también se apegaría a la maniobra y podrían hacerlo otros ejecutivos detenidos por el #ChoferGate.

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La sorprendente aparición del ex dueño de Iecsa esta mañana en los tribunales de la avenida Comodoro Py para aportar información como «imputado arrepentido» ante el juez Claudio Bonadio fue la muestra más cabal de la estrategia -presuntamente coordinada  desde Casa Rosada- que empiezan a adoptar los empresarios que aparecen directa o indirectamente mencionados en los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta.

Calcaterra dijo que lo suyo fueron aportes de campaña -cómo para instalar la práctica y despegar al PRO por los Aportes Truchos– al kirchnerismo en 2013 y 2015. Sin embargo, imágenes de Casa de Gobierno en 2010 lo muestran en primera fila, en un acto de Cristina y nadie le apunta con un revolver en la cabeza

Según  el portal LPO, Calcaterra admitió ante Bonadio que es verdad lo que figura en los cuadernos sobre pagos de Iecsa a Baratta, aunque aclaró que los montos son menores a los que figuran en los escritos (alrededor de 8 millones de dólares). El primo del presidente Macri argumentó que esos pagos fueron aportes para las campañas electorales del kirchnerismo en 2013 y 2015, y aseguró que lo hizo bajo una situación de extorsión porque los funcionarios kirchneristas les frenaban los pagos de las obras y ponían en riesgo económico a la firma.

Se trata de una línea casi idéntica a la que adoptó el primer empresario arrepentido en la causa, De Goycoechea. El ex CEO de Isolux Argentina también minimizó los montos que figuran en la causa y dijo que se trataban de aportes de campaña. «Pagó coimas pero porque fue extorsionado», dijo hoy su abogado.

En resumen lo que los empresarios dicen es que en realidad fueron víctimas de un mecanismo de extorsión del kirchnerismo que los obligaba a pagar coimas para las campañas bajo la amenaza de no liberar los pagos de las obras y bloquear su ingreso a cualquier nuevo proyecto. Esto, sostienen los implicados, implicaría la quiebra de sus firmas.

Hasta aquí, aquellos que aceptaron el libreto de Bonadío salieron en libertad. Habrá que ver que sucede con aquellos que, ante el secreto de sumario, se niegan a declarar.

La estrategia salta a la vista, victimizarse y denunció ciar aprietes de parte del gobierno anterior y quedar así excluidos de la figura que persigue en fiscal Carlos Stornelli: la configuración de una asociación ilícita para quedarse con la obra pública.

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