La Cámara Electoral detectó que el 99 por ciento de los consultados que figuran como aportantes del PRO son truchos. Las víctimas son personas pobres y titulares de planes sociales. Así surge del primer informe emitido por la justicia.
El fiscal Jorge Di Lello recibió la documentación que confirma que, de una muestra de cien nombres tomada al azar entre todos los aportantes a la campaña de 2017 de Esteban Bullrich y Graciela Ocaña en la provincia de Buenos Aires, el 99 por ciento figuran como afiliados al PRO, algunos desde el año 2006, pero en ningún caso aportaron al partido gobernante. Son personas cuyas identidades fueron utilizadas para justificar dinero de origen desconocido.
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Muchos de ellos no sólo rechazan haber hecho donación alguna sino que niegan categóricamente haberse afiliado a la fuerza del presidente Mauricio Macri.
Todos los consultados por el periodista Juan Amorín negaron haber firmado ficha de afiliación alguna, así como tampoco haber realizado aportes financieros a las campañas electorales de Cambiemos en 2017, las cuales fueron dirigidas por la gobernadora María Eugenia Vidal.
Por ahora, lo que realiza Di Lello es una investigación preliminar, en su carácter de fiscal con competencia electoral, ya que se podría estar frente a violaciones a la ley de financiamiento de los partidos políticos, pero también a otros delitos, como falsificación de firma y/o de documento, y tampoco se descarta el lavado de dinero, aunque ese punto específico fue denunciado aparte por la fundación La Alameda y debe dictaminar el fiscal Carlos Stornelli.
Ahora, Di Lello esperará a que lleguen el resto de las medidas solicitadas: por un lado, el informe socio económico de Gendarmería, que permitirá determinar las condiciones de vida y las posibilidades de haber aportado a Cambiemos de los financistas señalados por el partido político gobernante, y por otra parte, la situación de revista de los aportantes expuestos en la investigación de El Destape, que deberá aportar el ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley.
Lo concreto hasta ahora es que de una muestra inicial de 205 nombres que le entregó Amorín a la fiscalía, Di Lello tomó cien al azar y los envió a la Cámara Electoral. Resultó ser que 99 aparecen como afiliados al PRO.
