El exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, actual abogado civil de los empresarios Cristobal López y Fabian de Sousa, propietarios de Indalo y Oil Combustibles, denunció cómo el gobierno busca desguazar al Grupo para quedarse con sus activos y en una misma maniobra, callar las voces críticas de la señal C5N, que reiteradamente denuncian los negociados presidenciales y de los funcionarios de Cambiemos.
En un reportaje que le realizó el periodista Gustavo Silvestre, el exfuncionario detalló la operatoria. «Acaban de decir que la tasación de la empresa de petrolera es de 42 millones de pesos. Lo que no sabe el que hizo semejante bestialidad, es que en el año 2016, luego que la compañía fue agraviada por el presidente, hubo una propuesta internacional donde participaron cuatro brokers, entre ellos trafigura, que es la que acaba de hacer una propuesta en estos días».
Trafigura, es el holding holandés que opera en el país las estaciones de servicio Puma, y que sumó las de Petrobras tras cerrar un acuerdo de compra con Pampa Energía de Marcelo Mindlin, empresario cercano a Mauricio Macri que, a través de los tarifazos que impuso el ministerio de Energía y Minería, a cargo del eyectado Juan José Aranguren, aumentó su rentabilidad en un 68% en el primer trimestre de este año.
La primera vez que la empresa holandesa mostró su interés en adquirir Oil Combustibles fue en el marco del proceso de “salvataje” que se había abierto para evitar su quiebra. Pero la compra no llegó a concretarse.
«A la empresa que se le adjudica es a Gunvor, una firma británica. Esta empresa, ofreció 507 millones de dólares -sin impuestos- por todo el paquete (U$S115 M por el puerto, otros US$ 100 M por el stock, U$S 135 por tres años por el flujo y otros U$S 135 por otros tres años de flujo y 22 por la venta de las estaciones de servicio); y ahora lo quieren vender en solo U$S 42 millones. ¿quien paga la diferencia?», se quejó Fernández.
La intervención judicial otorgó a la petrolera de Cristóbal López un valor de 42,5 millones de dólares. Esto permite avanzar en una venta subvaluada de los distintos activos de la empresa, en el marco de la quiebra decretada por el juez Javier Cosentino. El informe que la tasó justifica ese valor ridículo por un «marcado deterioro» de varios activos. El próximo paso será otorgar también un valor muchas veces inferior a los medios de comunicación de Indalo, que el magistrado buscará vender por separado.
Esta operatoria desnuda la verdadera intención del gobierno, quebrar al grupo y luego desguazarlo. Así, se quedan con los activos de los empresarios y le bajan la persiana al único canal de televisión, líder en el rating en varias franjas del día, que propone una mirada crítica sobre las políticas económicas y sociales que lleva adelante el macrismo y que no blinda los negociados que realizan el presidente, su familia, amigos y testaferros.
«Está oferta se hizo por escrito, firmada y certificada. El juez Ercolini no hizo nada y ahora aparecen estos vivos que dicen que son 42 millones de dólares y se quieren quedar con todo. Lo que tenemos que hacer es presentar el escrito y mostrar que existe una propuesta formal con la que se pudo haber pagado toda la deuda -que mantiene el grupo con la AFIP- y no hubiesen metido presos a dos personas inocentes que no cometieron ningún delito», se quejó el abogado.
Sin embargo, los empresarios que el gobierno pretende presentar como evasores kirchneristas, no son diferentes a otros que no corrieron tamaña mala fortuna y que sí mantienen estrechos vínculos con la actual administración, como el propio presidente Macri a través de la que «fue» su firma, IECSA o la conductora Mirtha Legrand, que tal como explicó Aníbal Fernández, «también tienen convenios de esta característica», (moratorias impositivas como las que buscaron acceder López y De Sousa).
Mientras tanto, días atrás, Ercolini elevó a juicio oral la causa por evasión fiscal que involucra a los empresarios y al extitular de la Afip, Ricardo Echegaray.
El 28 de abril pasado, la Cámara Federal de Casación Penal, en voto dividido y en tiempo récord, ordenó la segunda detenciòn de López y De Sousa (habían sido liberados el 16 de marzo) y su procesamiento por “administración fraudulenta agravada”, por la evasión de ocho mil millones de pesos, que la petrolera Oil Combustibles recaudó como agente de retención del impuesto a los combustibles líquidos.
