Escándalo: Cambiemos utilizó beneficiarios sociales para blanquear dinero en la campaña

La alianza Cambiemos lavó dinero durante la campaña electoral de 2017 en provincia de Buenos Aires al utilizar a al menos 200 titulares de planes Ellas Hacen y Argentina Trabaja y hacerlos pasar como pequeños aportantes de campaña de Esteban Bullrich, candidato a senador, y Graciela Ocaña, candidata a diputada.

Una minuciosa investigación del portal El Destape, pudo comprobar al menos 205 casos, correspondientes solo a la localidad de Quilmes y otros partidos de la zona Sur y Oeste del Gran Buenos Aires, aunque los mismos podrían multiplicarse y extenderse a lo largo y a lo ancho de todo el país.

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Al cruzar la base de datos de los titulares de Argentina Trabaja y Ellas Hacen en esos distritos (2016), correspondientes al ministerio de Desarrollo Social, con el informe remitido ante la Justicia Electoral por parte de la alianza Cambiemos, se encontraron una enorme cantidad de coincidencias de documentos y personas: todos aportaron a la campaña de Bullrich y de Ocaña por separado, con pequeñas sumas de dinero, que van desde los $300 a los $1500, donde, solo hasta el momento, este medio pudo identificar casi 300 mil pesos blanqueadosmediante este perverso método.

Sin embargo, al realizar los llamados a los distintos involucrados el resultado fue sorpresivo: ninguno de ellos había hecho tal aporte y su situación económica lejos está de poder asumir un gasto semejante. Es que la mayoría de los “aportantes” resultaron ser personas que se encuentran en una situación de pobreza y vulnerabilidad económica importante: residen en asentamientos o villas, y no cuentan siquiera con los servicios básicos garantizados, en incluso, en muchos casos, ni siquiera pueden garantizarle las comidas diarias a sus hijos.

En diálogo con especialistas en materia de derecho, el caso de estafa de Cambiemos puede resultar “claramente judiciable” ya que se incurrió, como mínimo, en el delito de usurpación de identidad, seguido de presunto lavado de activos.

Según establece la ley “será reprimido con prisión de tres a diez años el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí”.