La historia de Ricardo Gil Lavedra está muy por encima de su presente como empleado del gobierno de Cambiemos. Supo ser parte del histórico tribunal que durante el gobierno de Raúl Alfonsín enjuició a los genocidas de la dictadura militar. Solo por eso su lugar en la historia está merecidamente asegurado.
Sin embargo, sus últimos años dentro de la política y la Justicia de la Argentina fueron un escenario de decisiones por lo menos polémicas. Sin ir más lejos, en 2016 el dirigente radical se pronunció por dar por concluidos los juicios contra los delitos de lesa humanidad cometidos por los represores durante la última dictadura. Al mismo tiempo, fue abogado del exjuez salteño Ricardo Lona, acusado de encubrimiento en el secuestro y desaparición del exgobernador provincial Miguel Ragone y otras víctimas de la represión.
Además, Gil Lavedra se destacó en el último lustro por haber sido abogado de la actual vicepresidenta invisible, Gabriela Michetti, por la causa surgida tras la denuncia de la funcionaria de que le habían robado dinero que no aparecía declarado en ningún lado.
Otro ítem del excamarista es ser asesor (presuntamente ad honorem) del cuestionado ministro de Justicia y DDHH, Germán Garavano.
Pero además de estos temas, que son parte de la vida institucional de un abogado que trabaja en los pasillos del poder, es que también oficia como abogado de la AFIP en la causa que el organismo estatal entabló contra el empresario Cristóbal López. Por ese empleo, el letrado tendría asegurados cuatro millones de pesos.
El ex hombre fuerte del alfonsinismo ungió también como asesor del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en su arrebato contra la dirigente social Milagro Sala.
Según puntualizó una publicación del portal El destape en relación a su trabajo para la AFIP, esta le habría pedido a la Procuración del Tesoro que opinara sobre la contratación de Gil Lavedra. Según el portal de noticias, la AFIP planteó que “no cuenta con profesionales que se encuentren en condiciones de asumir una querella, en un tema de la relevancia y complejidad como el que se debate en la causa” y que por ello recomendaron la defensa «sea brindada por el Dr. R G L, cuya trayectoria es de público conocimiento, siendo el perfil del nombrado profesional el más adecuado para llevar a cabo la labor necesaria para la mejor defensa de los intereses del organismo en la causa en cuestión”.
En tanto, se destaca en su presente más cercano la asesoría nada menos que a la constructora brasileña Odebrecht, señalada por haber coimeado a la dirigencia política de casi toda América Latina.
El dato sobre Odebrecht, en tanto, fue revelado por el diario La Nación. «Para evaluar si era posible avanzar en la Argentina, Odebrecht solicitó un dictamen al jurista Ricardo Gil Lavedra, quien concluyó que ‘la Convención internacional [de las Naciones Unidas] ofrece una base jurídica suficiente para que las autoridades centrales de la Argentina acepten la información contenida en los acuerdos de colaboración, con las limitaciones que se acordaron en Brasil’”.
