SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- El extenso listado de denuncias de irregularidades que empantanaron en la Justicia las elecciones provinciales del 23 de agosto sumó un nuevo escándalo. Las grabaciones de las cámaras de seguridad que debían registrar todos los movimientos del local de la Junta Electoral Provincial (JEP) donde están guardadas las urnas desde la noche de la elección se perdieron debido a supuestos daños en los equipos por fallas en el sistema eléctrico.
Ésa fue la inquietante respuesta que recibieron ayer los integrantes del Acuerdo para el Bicentenario (APB), que habían solicitado al organismo electoral copias de los videos para aportarlas como pruebas en el juicio iniciado la semana pasada para exigir que se declare la nulidad de los comicios por supuesto fraude.
El apoderado del APB, Daniel Ponce, dijo a LA NACION que las «imágenes irrecuperables», según el informe de la JEP, debían «registrar todo para garantizar que las urnas no hayan sido cambiadas o su contenido alterado». En ese sentido, advirtió que «podrían haberse perdido las imágenes que servirían para confirmar, por ejemplo, la denuncia realizada ante escribano por dos empleados de la JEP, que relataban cómo algunas urnas llegaron al local abiertas, sin custodia, y luego fueron manipuladas».
La seguridad en la sede de la JEP (Mendoza 1050) está a cargo de la Gendarmería nacional, que contrató a la empresa Info FOJ para que instale las cámaras y se encargue de almacenar las grabaciones en una consola DVR. La firma está radicada en la vecina provincia de Santiago del Estero, a nombre de Francisco Omar Jiménez, que según la AFIP, comenzó su actividad comercial el 1° de enero, inscripto como monotributista de categoría «B» (puede facturar hasta $ 48.000 anuales).
Jiménez, cuya empresa se dedica a la reparación de PC y venta de insumos informáticos, según la descripción de un perfil que posee en la red social Facebook, emitió un informe técnico que se adjuntó al descargo por escrito de la Gendarmería ante la JEP, para explicar por qué se perdieron las filmaciones.
«Costó hacer la recuperación de gran parte de la información, ya que la mayoría de los archivos grabados en los discos estaban dañados y otros eran irrecuperables, por numerosas reconexiones que tuvo el disco, debido a cortes de corriente», explicó Jiménez, que acompañó una factura por $ 168.000, que cobró como parte de pago por los servicios prestados.
Jiménez fue contratado de manera directa, sin licitación previa, unas 48 horas antes de los comicios. En su informe agregó que «en numerosos casos con este tipo de problemas (cortes de energía o fluctuación de la misma) los discos sufren daños en el hardware, lo que impide leer y levantar la información almacenada».
El empresario santiagueño dijo que desconocía cuántas horas de grabaciones se perdieron y responsabilizó de ello a la JEP y a Gendarmería. «Me avisaron sobre la hora, no sé cómo llegaron a mí. Debe ser algún cliente que me recomendó. Hice mi trabajo, hice lo que me pidieron. Me pidieron que instale todo y que filme, pero si baja la tensión o se corta la luz no es culpa mía que ellos hayan tenido un generador y no lo hayan conectado», aseguró Jiménez.
Ponce explicó que habían requerido copias de las grabaciones registradas por las cámaras desde el 22 de agosto, cuando las urnas y demás elementos salieron desde la JEP a los centros de votación de toda la provincia, hasta el 25 de agosto, día en que comenzó el escrutinio final.
«Por versiones de los propios empleados de la Junta, las grabaciones de esas fechas no se habrían podido recuperar», advirtió el letrado. Y aclaró que esperan una confirmación de la Justicia sobre cuáles videos se perdieron, debido a que hasta anoche solamente les habían entregado fotocopias simples del informe de la Gendarmería, que llevaba adjunto el escrito presentado por Jiménez para explicar el supuesto desperfecto técnico ocurrido.
«Pedimos los videos, pero nos dijeron que aún no están disponibles. Solicitamos copias certificadas del informe y nos dijeron que la documentación no está disponible porque fue remitida a la Justicia. Vamos a esperar una confirmación judicial para evaluar los pasos a seguir», explicó Ponce a LA NACION.
El apoderado del APB sostuvo que «si esta situación se confirma, estaríamos ante un escándalo inédito en la historia electoral de la Argentina, que se sumaría a la larga lista de irregularidades que comprueban el fraude que hubo en Tucumán».
Ayer, la JEP solicitó a la Gendarmería un informe detallado sobre el personal afectado y las novedades registradas en el libro de guardia y pidió a la fuerza nacional que aclare por qué se demoró en informar sobre los defectos de grabación de las cámaras de video
