La modernización del Estado no es otra cosa que una flexibilización y precarización del empleo público y son un hecho incontrastable. Según revela hoy el centenario diario La Nación, el Gobierno acaba de sumar un nuevo eslabón a la cadena de cambios que comenzaron a implementarse el año pasado. Se trata de la conformación de un mapa de la conflictividad gremial en el sector público, un trabajo inédito en la Argentina.
El nuevo GPS de las dificultades con los gremios le dará las coordenadas a la administración de Mauricio Macri para saber qué camino tomar primero -en otros términos, qué dependencia pública es más o menos permeable a las nuevas ideas- al momento de implementar reformas en las condiciones de trabajo de los empleados públicos que puedan despertar resistencias, y así evitar o disminuir conflictos potenciales con los trabajadores, según definieron fuentes al tanto de la iniciativa.
El encargado de llevar adelante este trabajo no es otro que el Ministerio de los despidos (Modernización), que maneja Andrés Ibarra (semanas atrás sumó también a la ex cartera de Comunicaciones).
El 19 de julio esa cartera le encargó el proyecto a la consultora PCG, que recibirá $ 2,7 millones por su trabajo. Deberá entregarlo en enero próximo.
En concreto, la compañía deberá proveer de un servicio de consultoría que analice de manera puntillosa los problemas sindicales en el Estado. Por ejemplo, tendrá que confeccionar las estadísticas de conflictividad laboral y compararlas con el mismo período del año anterior, con indicadores que «evidencien la evolución de los conflictos colectivos, además de detectar tendencias y señalar otros indicadores como cualquier tipo de estacionalidad y evaluar la efectividad de los mecanismos de negociación y resolución de los mismos», según sostiene un documento que vio LA NACION.
El trabajo también pide el armado de un registro de agentes del Estado con tutela gremial y facilitar el desarrollo de «mejores prácticas en materia de gestión de las relaciones laborales». Para eso se relevarán las bases de información de agentes con tutela gremial en los diferentes organismos públicos.
Otro de los puntos que se requieren es un sello de la gestión del Estado en la era Macri. Consiste en el desarrollo de un «tablero de comando» con indicadores clave de gestión para el seguimiento de las iniciativas del área en lo que respecta a su estado de implementación y el uso de fondos. Eso irá de la mano de la confección de una metodología de seguimiento y control de los conflictos de gremiales. Algo similar implementó Modernización para que la mesa chica de Macri evalúe la marcha de los principales proyectos a cargo de los ministros.
Entre otras cosas, el trabajo que encargó Modernización pide relevar los procesos de elección de delegados en las dependencias públicas, los miembros de comisiones directivas y la celebración de asambleas.
Tiempo de cambios
La administración de Macri implementó desde su llegada diversos cambios en las condiciones laborales de los empleados públicos que estuvieron a cargo de Ibarra, una especie de jefe de Recursos Humanos del Estado Nacional. Se trata de medidas cuya puesta en marcha puede generar conflictos.
En mayo pasado, Modernización inició por primera vez en la historia la confección de una gigantesca base de datos en la que figurarán el perfil, el salario, la afiliación gremial y el compromiso con el trabajo de los empleados del sector público nacional, que reúne a unas 740.000 personas. Todos esos datos estarán en la Base Integrada de Información de Empleo Público y Salarios en el Sector Público Nacional (BIEP), cuya creación se ordenó por un decreto de este año que lleva las firmas de Macri, Ibarra, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
Los encargados de girar la información son los ministerios. Quienes no lo hagan no podrán contratar personal, acceder a modificaciones presupuestarias (el mecanismo que se usa para redireccionar partidas de una cartera a otra) e incluso podrían sufrir problemas para pagarles a ciertos trabajadores.
También en mayo, Jefatura, Modernización y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el organismo encargado de controlar los procesos internos del Estado, comenzaron a poner en práctica un plan para eliminar drásticamente el ausentismo en la denominada Administración Pública Nacional (APN). La iniciativa contempla que ningún empleado público quedará eximido de completar los registros de ingreso y salida, algo similar a lo que ocurre en el sector privado. Una demora de hasta 30 minutos en la llegada al lugar de trabajo no se podrá compensar, sino que se tendrá que computar. Al llegar a las cuatro horas mensuales se descontará el día, una rareza en la administración pública.
A principios de año, además, se dispuso la creación de una «universidad para empleados públicos», como la llaman en la Casa Rosada, que modificará la carrera de los trabajadores del sector hasta el punto de penalizar a quienes no mejoren su formación a lo largo de los años y premiar con incrementos salariales por encima de la inflación a quienes mejoren su capacitación mediante el estudio.
