El pronunciamiento se efectuó en el marco de un pedido de indagatoria a la jefa de la Procuración General argentina, Alejandra Gils Carbó, y los embates oficiales para apartarla de su cargo, y aunque no hubo una mención particular a su situación sino una declaración «genérica», recibió un tácito apoyo de sus colegas.
Los representantes de la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos se reunieron hoy en el edificio de Perón al 600 -cuya compra está sospechada de irregularidades y derivó en una causa penal donde está imputada Gils Carbó- para analizar el caso de la fiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz, a quien quiere echar el presidente de ese país, Nicolás Maduro.
No hubo un pronunciamiento específico de solidaridad sobre el escenario que atraviesa Gils Carbó, pero su caso se mencionó en un contexto de presión de otros países como Guatemala y El Salvador.
«Se ha analizado el caso (de Argentina). Esta es una declaración genérica. No se puede echar a un fiscal por decreto o por intereses de un grupo. Hay mecanismos constitucionales», dijo a la prensa el presidente de la AIAMP, el boliviano Ramiro Guerrero Peñaranda.
En el comunicado que firmaron todos los fiscales que asistieron a la reunión -convocada 72 horas antes-, la Asamblea manifestó el apoyo a los fiscales de Venezuela y repudió «todo acto contrario a la independencia y autonomía de los Ministerios Públicos».
También se repudió «cualquier acto que afecte la dirección de la investigación criminal».
«Exhortamos al respeto irrestricto de los mecanismos constitucionales y legales para la remoción y designación de los y las fiscales y procuradores», enfatizaron.
