Gerardo Morales

Luego de la detención y maltrato de dos alumnos de la Universidad Nacional de Jujuy, otro escándalo salpica al gobierno de Gerardo Morales, a raíz de una denuncia que se viralizó en las redes sociales durante el fin de semana.

Se trata de un diálogo en el que un abogado, que es asesor en el Ministerio de Infraestructura, le sugiere a un empresario constructor que pague una coima para “hacer desaparecer cuatro expedientes que están siendo investigados por obras pagadas y nunca construidas”, según publicó El Submarino de Jujuy.

Es el pago para hacer desaparecer expedientes que son investigados por obras que se pagaron pero nunca se concretaron

Distintos medios locales identifican al primero como Gastón Baigorria, mientras que la otra voz correspondería a Rodrigo Insausti, propietario de la empresa Inber SA y que presta servicios en Infraestructura.

“50.000 pesos no alcanza para hacer desaparecer los papeles”, afirma el letrado, quien además dice que «lo mandaron» a hacer un acuerdo para «hacer desaparecer» expedientes que tienen un dictamen desfavorable del secretario de Infraestructura del Gobierno, Pablo Civetta, «antes de que sean elevados a la Oficina Anticorrupción”.

Mientras se escucha que da vuelta las hojas de los expedientes, menciona que «los saqué cinco minutos tengo que devolverlos» y propone cambiar los números de los expedientes y mandarlos al archivo «para que no los encuentren nunca».

«¿De qué guita estamos hablando, qué es lo que están pidiendo?», pregunta el constructor. Asimismo, niega las anomalías y asegura que tiene documentación para revertir el dictamen de Civetta. «Ninguna de esas obras están cobradas y no realizadas», sostiene.

Frente a este nuevo escándalo, el Gobierno de la provincia desmintió que Baigorria sea funcionario del Ministerio de Infraestructura. “Las personas intervinientes no tienen ni tuvieron ninguna relación laboral con el Ministerio durante la actual gestión”, señalaron en un comunicado.

Además, indicaron que numerosos expedientes por obras contratadas durante la anterior gestión presentaban irregularidades”, pese a que no se conocen denuncias penales ni en la oficina anticorrupción en la que se alerte sobre tales irregularidades.
Se espera ahora que avancen investigaciones para aclarar el episodio.

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