La ex presidenta Cristina Fernández contraatacó hoy en la Justicia federal al denunciar que el presidente Mauricio Macri supuestamente habría favorecido en la obra pública a la empresa constructora de su primo, Angelo Calcaterra, otorgándole por decreto 45.000 millones de pesos, informaron fuentes judiciales.
«Si los fiscales quieren investigar favorecimientos en la obra pública, que investiguen los favores a IECSA» por parte del gobierno nacional, disparó la ex presidenta durante la audiencia de declaración indagatoria que prestó ante el juez federal Julián Ercolini y los fiscales federales Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques.
Consideró la ex mandataria que el gobierno de Macri en el decreto 797/2016 modificó «el contrato original» firmado por su gobierno que exigía «el financiamiento privado» para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento y procedió a otorgarle 45.000 millones de pesos de «fondos públicos» al consorcio adjudicatario de las obras.
«Esto benefició especialmente a la empresa IECSA del primo de Mauricio Macri y sus socios, la italiana Ghella y la brasilera Odebretch», cfk
A raíz de esos dichos, los fiscales Pollicita y Mahiques, según las fuentes, resolvieron en misma audiencia que actuarán de oficio y pondrán una denuncia al respecto ante la Cámara Federal porteña, la cual irá a sorteo y, entonces, posiblemente se abra una nueva causa penal.
Sobre la acusación que pesa en su contra de supuesto favorecimiento a Austral Construcciones SA en la distribución de la obra pública, la ex jefa de Estado aseguró que «o soy amiga ni socia comercial de Lázaro Báez» sostuvo que no tenía «ni idea» de esos contratos y aseguró que del asunto «se encargaba el Parlamento».
Además, insistió en solicitar que se realice «una auditoría completa sobre todos los contratos de adjudicación de obra pública en sus dos gobiernos».
También reiteró, tal y como lo había hecho por escrito semanas atrás, su solicitud de se declaren las nulidades del dictamen fiscal y del llamado a indagatoria porque el fiscal Mahiques es hermano de Juan Bautista Mahiques, representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo de la Magistratura.
En ese marco, la ex jefa de Estado denunció que su situación judicial es una «persecución política» por parte del gobierno nacional y recordó que la figura penal de «asociación ilícita» que en principio se le adjudicaba en la acusación fiscal «fue muy usada en las dictadura para perseguir a los opositores».
