Del mismo modo que improvisan en las políticas económicas que van implementando desde el ejecutivo, de la misma manera que se juegan a prueba y error, la comunicación hacia afuera del PRO camina por un mismo andamiaje: unos dicen una cosa y otros dicen otra. Es la muestra cabal del grado de improvisación que tienen en el gobierno.
Por un lado Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara baja, se hizo eco de las palabras del ministro de Energía, Juan José Aranguren, que a su juicio fue «contundente» y dijo que «el Gobierno tiene una alternativa, pero no la hará pública a la espera del fallo de la Corte».
«tenemos un plan b pero no lo vamos a revelar hasta que la corte se expida», laspina
Por su parte, Massot, jefe del bloque del PRO, sostuvo que «el plan B es continuar como antes, continuar con niveles de inflación del 40 por ciento al infinito», ya que los subsidios representan «siete de cada diez pesos que se emiten desde el Banco Central generando inflación».
No queda claro si el gobierno maneja alguna alternativa para garantizar el acceso a los servicios esenciales, en caso que la Corte no avale el tarifazo.
Laspina enfatizó que Aranguren «dijo que por supuesto hay un curso alternativo de acción» en el caso de que la Justicia impida los aumentos, pero confió en que el máximo tribunal fallará en base a un «equilibrio prudente».
«Creemos que la Corte va a mantener un equilibrio prudente entre la necesidad de reacomodamiento tarifario, que es innegable -la mayoría de los argentinos sabe que las tarifas estaban extremadamente retrasadas-, y una razonabilidad desde el punto de vista de esas tarifas para que lo pueda pagar el conjunto de los argentinos, en particular los más pobres», reflexionó.
El diputado del PRO señaló que «ayer el ministro Aranguren fue bastante contundente. Dijo: tenemos un Plan B pero no lo vamos a decir porque vamos a esperar el fallo de la Corte y, en función de eso, vamos a actuar; no queremos condicionar a la Corte diciéndole: este es nuestro plan B, si la Corte decide A o B».
«Estamos esperando con expectativa ese fallo y acataremos lo que diga la Justicia como siempre lo hemos hecho», precisó.
Massot, en tanto, destacó que «siete de cada diez pesos que se emiten desde el Banco Central generando inflación tienen como explicación final los subsidios y la importación de energía, es decir, la crisis energética en general. No podemos resolver el problema de la inflación en la Argentina si no regularizamos el problema de los servicios públicos».
Luego de que Aranguren se presentara ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y afirmó que existe «un plan B» en caso que la Justicia impida los aumentos, Massot subrayó que «el plan B es continuar como antes, continuar con niveles de inflación del 40 por ciento al infinito».
En declaraciones radiales insistió en que el Gobierno implementó el aumento en forma gradual ya que «antes el Estado se estaba haciendo cargo del 89 por ciento del costo de las tarifas, y los usuarios del 11 por ciento, y hoy pasamos del 11 al 30» por lo que «el Estado se sigue haciendo cargo del 70 por ciento» del subsidio.
Mientras tanto, los usuarios y consumidores se mantienen en vilo a la espera de una respuesta sobre como deberan administrar sus recursos en caso que finalmente quede habilitado el aumento en las tarifas, y qué va a suceder con las facturas anteriores al freno que dispuso la justicia. ¿Habrá o no que pagar un retroactivo?, esa es la madre de todas las preguntas.
