El objetivo del grupo parlamentario será determinar quiénes fueron los«actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron»con la dictadura militar entre 1976 y 1983 y le dieron «apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza».
De esta forma, una vez que el proyecto reciba el voto favorable en el Senado, se constituirá la «Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las instituciones de la Democracia«, que tendrá potestad para hacer requerimientos a la justicia.
La comisión, que deberá publicar un informe dentro de los 180 días desde su constitución, estará conformada por cinco diputados y cinco senadores -elegidos por sus propios cuerpos de acuerdo con la representación parlamentaria-, quienes redactarán un documento sobre la complicidad económica con la dictadura.
Para la redacción de ese texto, los legisladores podrán requerir información tanto al Poder Ejecutivo y a sus organismos dependientes, como a entidades autárquicas, empresas, organismos no gubernamentales y fuerzas armadas y de seguridad.
Al hablar en la sesión, Recalde consideró una «obligación moral» del cuerpo votar la iniciativa para que «haya memoria, verdad y justicia y terminar con la impunidad».
Pablo Tonelli, dputado del PRO, explicó la decisión de su espacio :»nos abstuvimos porque habíamos señalado dos diferencias, nos parecía que tal como estaba podría interferir con la acción de la justicia. En segundo lugar habíamos propuesto que la investigación siguiera hasta la fecha» y agregó sobre esto último, que para «analizar los casos de corrupción entre particulares y el gobierno».
«Los delitos son delitos en la dictadura y la democracia, si vamos a investigar hechos de corrupción, entre el gobierno y empresas lo bueno sería investigarlos de manera integral, nos parece que en algunos casos el proyecto puede interferir con la acción de la justicia y no nos parece bien que una comisión del Congreso interfiera con la justicia.«, argumentó el macrista.
Por su parte el diputado oficialista enumeró algunas de las empresas sospechadas de haber colaborado con los represores y apuntó contraPapel Prensa, Loma Negra, Ledesma, Mercedes Benz, Molinos, Bunge & Born, Editorial Atlántida, La Voz del Norte y la Sociedad Rural de Junín, entre otras.
Según la norma, la bicameral tendrá que «formular propuestas concretas y útiles para forjar la memoria, responsabilizar a los cómplices, y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia así como reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas».
En su artículo sexto, el grupo parlamentario podrá «instar a quienes determine como cómplices económicos de la última dictadura militar a reconocer voluntariamente su participación, formular disculpas y desagravios a los afectados por sus acciones y a ofrecer mecanismos de reparación de daños causados (…), lo que en ningún caso extinguirá las acciones judiciales que por derecho pudieran corresponder».
Con el proyecto también se crea en el ámbito del Congreso el Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que ofrecerá al público en general los documentos que hubieran sido utilizados por la comisión para la elaboración de su informe final.
