Hace un poco más de una semana, el presidente Mauricio Macri, presentó el proyecto de ley de «blanqueo de capitales» y pago de sentencias judiciales a jubilados. Y lo hizo con todas las pompas en el marco de un show televisivo donde los abuelos hablaban e interactuaban con el mandatario.
Macri, el hombre que tiene dólares en el exterior y lo sabemos por su propia declaración jurada, intentó limpiar su imagen. Sin embargo, no todo le salió bien.
Quienes den información del tema tendrán una pena de prisión
Ayer se conoció que en este proyecto de ley no todo es color de rosa: el artículo 85 de la iniciativa asegura que «los terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal». ¿En criollo?: Quienes den información del tema tendrán una pena de prisión.
El artículo propuesto es claramente inconstitucional, ya que viola el derecho de publicar las ideas por la prensa sin censura previa consagrado en el artículo 14 de la Carta Magna, y la prohibición de que el Congreso dicte leyes que restrinjan la libertad de imprenta, como dispone el artículo 32. Además, es un retroceso en los estándares democráticos de nuestra sociedad, al coartar la libertad de los periodistas para informar y del pueblo a informarse.
Además, este artículo prevé multas equivalentes al dinero blanqueado. Es decir, si los periodistas informan que un funcionario blanquea 50 millones de dólares, ¡deberá pagar esa suma!
Desde el bloque del Frente para la Victoria no tardaron en salir a repudiar esta iniciativa que cercena el derecho más absoluto de la sociedad, que es conocer los pormenores de quienes evadieron pagar impuestos y fugaron capitales hacia el exterior.
«El bloque de diputados nacionales FPV-PJ, que preside Héctor Recalde, expresa su oposición al artículo 85 de la ley de blanqueo de activos sin declarar, que pretende establecer fuertes multas y penas de prisión a quienes divulguen datos de los sujetos beneficiados con el blanqueo».
Dice el proyecto que se está discutiendo en la Cámara de Diputados: «Los terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal. Los terceros mencionados precedentemente incurrirán, además, en una multa igual al valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la declaración voluntaria y excepcional que se hubiera revelado o divulgado o cuyos hechos, actuaciones, documentos, datos o información se hubiera revelado o divulgado”.
Lo que demuestra esta redacción es que el gobierno nacional ha enviado una ley de blanqueo para sus amigos, que están involucrados en las causas Panama Papers y HSBC y pretenden blanquear sus activos mal habidos sin que la gente se entere.
