Tras una febril negociación de último momento, hubo fumata blanca ayer en Córdoba y la administración de Mauricio Macri selló con todos los gobernadores un histórico acuerdo que establece la devolución escalonada y progresiva a las provincias del 15% de la coparticipación queles retienen desde 1992 para financiar al sistema previsional nacional.
Por este entendimiento, los mandatariosrecibirán este año cerca de $ 37 mil millones adicionales clave, producto del pago «cash» -en goteo diario e inmediato- del 3% del total(en distritos endeudados será del 1,5%, compensación mediante) y un préstamo del 6%, con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. En 2016, ese organismo nacional resignaría así cerca de $ 21.008 millones.
La oferta se completa con una devolución del 3% anual hasta 2020, por lo que a partir de ese año ya no habrá tijeretazos en las remesas. De esta forma, la detracción irá en picada: será de 12 puntos este año, de 9 puntos en 2017, de 6 en 2018 y de 3 en 2019,hasta desaparecer en 2020. El costo fiscal por la devolución del 15% será de 104 mil millones.
«Logramos con todos los gobernadores un amplio acuerdo; el objetivo es terminar con el esquema sostenido desde 1992 y construir entre todos una solución federal para el país«, afirmó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien timoneó en los últimos meses las negociaciones con los caciques provinciales, junto al secretario de Provincias,Alejandro Caldarelli, y el subsecretario de Relaciones con Provincias, Paulino Caballero.
Frigerio además buscó despegar el entendimiento de la pulseada en el Congreso por la polémica ley antidespidos impulsada por el peronismo. «Nunca hubo ni habrá canje en ninguna ley», dijo.
Ayer el acuerdo fue celebrado por los mandatarios. «Se han firmado pocos pactos federales en los más de 30 años de democracia y todos fueron para retraer recursos a las provincias; éste es el primero que se firma para ponerles recursos«, resumió el radical mendocino Alfredo Cornejo. «Había esperanzas de firmar un mejor acuerdo, pero valoramos el esfuerzo del Gobierno nacional», evaluó el sanjuanino justicialista Sergio Uñac.
Se trata de la «salida política» a la encerrona generada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia nacional de noviembre pasado, que ordenó por «inconstitucional» el cese de la detracción para el caso de Santa Fe, San Luis y Córdoba.
Previsiblemente, las demandas del resto de las provincias en pos de un beneficio similar no tardaron en multiplicarse, luego de que Cristina de Kirchner -en legado de plomo para Macri- las liberara para litigar por fondos.
Tal como lo informó ayer este diario, la necesidad de los gobernadores de asegurarse que podrán continuar la pelea judicial por los recursos recortados hasta el 31 de diciembre de 2015 (se trata de cerca de $ 272.100 M, sin intereses resarcitorios) y que tendrán libertad para eventualmente litigar por el saldo que se generará desde ahora y hasta 2020, hizo peligrar a último momento la adhesión de varias provincias peronistas e, incluso, de algunas de Cambiemos.
Sin embargo, a última hora del martes -a fuerza de la presión de ministros de Economía provinciales- fue anexada al convenio una cláusula que llevó tranquilidad a los Ejecutivos respecto de que el convenio no implica ningún renunciamiento en materia judicial. Y ayer, la efervescencia en Córdoba del pampeano peronista Carlos Vernaterminó de imprimirle los últimos retoques.
De hecho, el grueso de los distritos ya planteó o está a punto de elevar a la Corte la demanda por la recuperación de los fondos que les recortaron hasta fines de 2015.
La foto de la pax entre la Casa Rosada y los gobernadores tuvo al Centro Cívico del Bicentenario cordobés como telón de fondo. Fue el lugar elegido por Frigerio para recibir ayer a todos los mandatarios entre las 11 y las 13.45,con asistencia casi perfecta (sólo enviaron a sus vice la santiagueña Claudia Ledesma Abdala -faltó por razones de salud- y el porteño Horacio Rodríguez Larreta).
El convenio -que debe ser ratificado por el Congreso y por las Legislaturas– fue rubricado por todos los mandatarios, a excepción de la santacruceña Alicia Kirchner (FpV), quien avaló el entendimiento pero optó por firmarlo recién después de obtener la aprobación en la Legislatura. Tampoco Ledesma Abdala, quien sumará en los próximos días su rúbrica.
Quedaron estampadas así las firmas de los justicialistas Uñac, Verna, Lucía Corpacci (Catamarca), Domingo Peppo (Chaco), Juan Manuel Urtubey (Salta), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Gustavo Bordet (Entre Ríos),Gildo Insfrán (Formosa) y Sergio Casas (La Rioja), además de los dirigentes de Cambiemos Cornejo, María Eugenia Vidal (Bs. As.) y Diego Santilli (CABA). Completaron el cuadro el radical Ricardo Colombi (Corrientes) y el rionegrino Alberto Weretilneck (Río Negro).
Todos ellos se sumaron a la adhesión entre el lunes y el martes de un quinteto de pioneros que incomodó a más de un colega: Gerardo Morales (Jujuy), Mario Das Neves (Chubut), Juan Manzur (Tucumán), Omar Gutiérrez(Neuquén) y Hugo Passalacqua (Misiones).
El megacónclave fue la oportunidad además de los gobernadores para plantear la amplia paleta de preocupaciones que recorre los despachos del interior.
En esa línea, entre los temas top se anotaron el impacto de los últimos tarifazos energéticos; el reclamo por el pago de fondos adeudados a los distritos que mantienen aún sus cajas previsionales en manos de la provincia y la marcha del financiamiento para la obra pública (ver página 18).
«Hemos avanzado en otros temas que hacen a la necesidad de la reforma del sistema tributario, del federalismo fiscal, la redeterminación de precios de las obras públicas y el financiamiento de las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas«, detalló Frigerio, con la mirada puesta en la arenga a los gobernadores en pos de un mayor control del gasto público.
