por Gabriel Eiriz – @gabrieleiriz
La portada de hoy del centenario diario destaca que el gobierno logró reducir el gasto en $2800 millones gracias al despido de casi 11 mil empleados que quedaron en la calle y ahora buscan trabajo.
Si bien es correcto el dato, son unos 10.921 trabajadores que fueron desvinculados del sector público, ese número solo refleja las bajas directas del gobierno Nacional, y no contempla despedidos provinciales y municipales, que asciende el número de nuevos desocupados a más de 60 mil.
Si se contempla el sector privado el número es mucho más preocupante, ya que en 6 meses de gobierno macrista, unos 150 jefes y jefas de familia se quedaron en la calle.
«no queremos achicar el Estado, sino que éste pueda prestar mejores servicios. Andrés ibarra
Ahora, en medio de la discusión por la ley antidespidos -que el massismo frenó el pasado jueves- el gobierno dice haber concluido con el proceso de revisión de las contrataciones en el sector público. Sin embargo, legisladores del PRO reconocieron a Portal de Noticias, que aún faltan desvincular miles de trabajadores precarizados que tienen contratos con vencimiento o que están bajo Ley Marco, y que -nobleza obliga- el kirchnerismo no hizo nada por poner en valor y los dejó abandonados a su suerte, algo que hoy el nuevo gobierno se cobra con más despidos.
Según destaca hoy el diario, esta cifra corresponde al 5 por ciento de la dotación de ese sector y, tal como anticipó el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, representará para el Estado un ahorro de 2800 millones de pesos anuales en el gasto salarial.
¿Qué impacto tiene este ahorro en el presupuesto? La respuesta depende del prisma con que se mire. Según Rafael Flores, presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el efecto presupuestario es relativo si se considera que el total de personas despedidas, casi 11.000, equivale a 1,4% de la dotación total que heredó Macri de la gestión kirchnerista, con casi 779.000 agentes en todo el sector público nacional.
Sin embargo, para Ibarra, el ahorro de $ 2800 millones es muy significativo si se lo analiza en otros términos.
Sólo a manera de ejemplo, el hospital Posadas, uno de los más importantes del país, insume un gasto anual de 2178 millones, según la ley de presupuesto 2016. El programa Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, otros 1641 millones. El presupuesto anual de la Corte Suprema, otro caso, es de poco más de 2400 millones de pesos. Es otra perspectiva para medir el mismo impacto presupuestario, explica el diario de Mitre.
«Nuestro objetivo con las cesantías no es producir un ahorro presupuestario, sino que el gasto del Estado sea eficiente y productivo para la ciudadanía -remarcó Ibarra», y se excusó, «no queremos achicar el Estado, sino que éste pueda prestar mejores servicios.»
Estas afirmaciones de Ibarra pueden también ser interpretadas por el prisma con que se mire el efecto que produce el gasto público. Estos nuevos desempleados dejan de consumir por falta de recursos, la baja del consumo produce una retracción en el mercado interno y esto repercute en las Pymes -que emplean a 7 de cada 10 trabajadores registrados – y que viven de la producción de bienes y servicios que abastecen la demanda interna. En pocas palabras, los despidos, terminan produciendo más despidos.
A esta coyuntura hay que agregarle que Brasil compra cada vez menos productos nacionales. En cambio, tras el relajamiento de las trabas, el ingreso de bienes brasileños viene en aumento y en el primer cuatrimestre, el déficit comercial se triplicó. Esto es lisa y llanamente un desplazamiento de la industria local por industria brasilera. Una verdadera bomba de tiempo para el mercado doméstico.
