Se trata de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), que decidió impulsar de modo urgente una declaración de la emergencia del sector, a la luz de los resultados relevados en distintos informes sectoriales que revelan una verdadera situación crítica en el entramado más importante de los sectores productivos.
Luego de un profundo análisis se concluyó que la emergencia ocupacional que hoy se discute no se contrapone a los intereses de las Pymes, sino que son dos caras de un mismo problema de fondo: el avance de un programa económico que se ha limitado a realizar una fenomenal transferencia de ingresos desde las Pymes, los trabajadores y las capas más desprotegidas de la sociedad hacia el complejo agroexportador, las empresas concentradas, el sistema financiero y los capitales especulativos.
El resultado de estas políticas está a la vista: incrementos de precios, tarifazos, despidos masivos (unos 120.000 en apenas cuatro meses), desprotección social y disminución drástica del poder adquisitivo. De este modo se está destruyendo el mercado interno, principal sustento de las Pymes, que constituyen el 95 % de las empresas y proveen el 75% del empleo.
En este contexto, no ha habido una sola medida sustancial para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas.
El conjunto del sector se encuentra en una situación dramática, ahogado por la retracción de los planes de facilidades impositivas, junto con una ola intimaciones y embargos; la disminución y encarecimiento del crédito; la creciente apertura comercial y desprotección de la industria local; los aumentos de insumos difundidos, en condiciones abusivas por parte de los grandes formadores de precios, y los desmesurados ajustes en luz, gas, y combustibles, que por sí solos hacen inviables a cientos de empresas. Esta situación constituye un coctel letal de corto plazo, que hace imposible la sustentabilidad de nuestras empresas y no permite esperar a una futura e incierta mejora de variables económicas.
Por estos motivos APYME presentará en los próximos días una propuesta a legisladores nacionales, autoridades del Poder Ejecutivo y al conjunto de entidades del sector y de los trabajadores, a fin de consensuar un conjunto de medidas concretas que permitan a las Pymes subsistir, afrontar sus obligaciones y aspirar a un crecimiento acorde con la equidad distributiva y las potencialidades del país.
