La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció al ministro de Cultura porteño Hernán Lombardi; el integrante de los Consejos de Promoción Cultural Facundo De Almeida y un controvertido personaje investigado en tres países por «presunto tráfico y comercialización ilícita de piezas arqueológicas» por un supuesto circuito de dinero que salió del erario de la Capital Federal para terminar, en una parte al menos, en una fundación que se presenta en Internet como una «Usina de Ideas del PRO».
La investigación que llevó a cabo Tiempo Argentino, consigna que la Unidad de Información Financiera (UIF) envió a la Procelac las actuaciones que había desarrollado en torno a la actividad de Matteo Goretti Comolli, quien «se encuentra denunciado en distintas jurisdicciones por presunto tráfico y comercialización ilícita de piezas arqueológicas», lo que –sostiene la denuncia- «le habría reportado importantes ganancias que se encontraban viciadas desde su origen».
La conexión entre Goretti Comolli y Lombardi se da, de acuerdo con la denuncia, porque Goretti «se encuentra vinculado al Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) de Montevideo, Uruguay». A su vez, «es miembro fundador (y por lo menos, en el año 2010 fue Presidente) de la Fundación Centro de Políticas Públicas Aplicadas (CEPPA), entidad que se encuentra incluida entre los beneficiarios de la denominada Ley de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires».
Esa entidad presentó cuatro proyectos ante el Ministerio de Cultura a cargo de Lombardi y recibió por ello «entre enero de año 2010 y agosto de 2013 por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aportes en una suma cercana a los 880.126 pesos».
Uno de los encargados de aprobar los proyectos (y los fondos) fue el vicepresidente del Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos (autoridad de aplicación de la Ley de Mecenazgo), Facundo De Almeida, quien al mismo tiempo «es director del MAPI de Montevideo», el museo de Goretti en Uruguay.
Las coincidencias no terminan allí ya que Goretti está estrechamente relacionado con la Fundación Pensar, la «usina de ideas del PRO». No sólo es su presidente, también –añade la denuncia- «figuraría como representante legal ante el Banco Macro para la operatoria de tres cuentas bancarias» de esa suerte de Think tank del partido que lidera Mauricio Macri.
Hasta allí, más allá de la posibilidad concreta de un delito, parecía perfilarse ante todo un cuestionamiento ético, una distorsión de la ley de mecenazgo. Pero un Reporte Sistemático Mensual (RSM), un informe económico receptado en la UIF, consignó «la existencia de al menos una donación de 150 mil pesos en efectivo el día 26/01/2012 por parte de la Fundación CEPPA a favor de la Fundación Pensar Argentina».
Es decir que una fundación que le pide fondos al gobierno porteño a través del «mecenazgo» para promover actividades culturales le dona dinero en efectivo a otra fundación que nada tiene que ver con el arte.
Según la denuncia de la Procelac: «no existe correspondencia alguna entre las actividades culturales por las cuales CEPPA recibió fondos públicos y aquellos propósitos perseguidos por la Fundación Pensar Argentina, que no es otro que conformar una ‘Usina de Ideas de PRO’, por lo que, de este modo, no habría justificación alguna para el traspaso de fondos de la primera fundación a la segunda».
«De ahora en más debería profundizarse en el circuito del dinero para conocer si existieron otras transferencias similares», dice la denuncia, que recayó en el juzgado federal del juez Ariel Lijo, con intervención de la fiscal federal Paloma Ochoa.
La Procelac trazó como hipótesis que el PRO «habría financiado actividades político-partidarias (Fundación Pesar Argentina) con fondos públicos obtenidos ilegítimamente por vía del Régimen de Promoción Cultural, utilizando como vehículo para el perfeccionamiento de dicha maniobra a la Fundación CEPPA».
