En una carta compromiso que ha circulado entre miembros de las Fuerzas Armadas, Patricia Bullrich, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, ha expresado su compromiso de procurar una «salida justa» para aquellos militares retirados que han padecido un trato a veces «inequitativo e inhumano» a raíz de una «herida histórica que no termina de cicatrizar«. Bullrich, exministra de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri, busca conquistar el voto militar, que actualmente parece inclinarse hacia la fórmula de La Libertad Avanza, en particular por lo que representa la diputada negacionista Victoria Villarruel.
La candidata ha enviado una carta compromiso la semana pasada a miembros de las Fuerzas Armadas, en la que se compromete a defender sus intereses de la misma manera que lo hizo cuando estuvo al frente del Ministerio de Seguridad. «Todos son conscientes de mi defensa del orden frente al caos y de los efectivos de las fuerzas de seguridad contra los embates falsificadores de los derechos humanos», señala Bullrich. Aunque no lo menciona explícitamente, esto alude a la denuncia por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, uno de los temas centrales de su gestión.
«Sin embargo, conozco el trato inequitativo y en ocasiones inhumano que han recibido muchos oficiales y suboficiales retirados, a consecuencia de una herida histórica que no termina de cicatrizar, pero que debemos curar de una vez, mediante una salida justa, si queremos comenzar un camino hacia la construcción de un futuro de paz y concordia«, propone la candidata presidencial de Juntos por el Cambio.
En Argentina, según las últimas estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), se han dictado 307 sentencias por crímenes de lesa humanidad: hay 1159 condenados y 178 absueltos. Menos de 100 represores se encuentran en establecimientos del Servicio Penitenciario. La gran mayoría de ellos está en sus hogares, por lo que es difícil argumentar que sufren un trato discriminatorio.
Página/12 intentó obtener comentarios de voceros y consejeros de Bullrich, pero no obtuvo respuesta sobre el contenido de la carta que circuló entre los efectivos de las Fuerzas Armadas.
Marcelo Rozas Garay, exfuncionario de Bullrich en Seguridad y actual miembro de los equipos de Juntos por el Cambio en materia de Defensa, difundió el mensaje en sus redes sociales. Según Rozas Garay, hubo una respuesta positiva por parte de los miembros de las fuerzas.
Alberto Asseff, diputado y presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, también respaldó la misiva y la consideró una reafirmación del compromiso de la dirigente del PRO. Asseff fue el legislador que en marzo impulsó la presentación de un libro que desacreditaba a los desaparecidos como una estafa en la Biblioteca del Congreso.
No es la primera vez que Bullrich intenta ganarse el favor de la familia militar con propuestas de impunidad. Antes de las PASO, visitó un Centro de Veteranos de la Guerra de Malvinas de Punta Alta y allí habló de los militares «injustamente» presos, según publicó este diario.
Bullrich redobla ahora sus esfuerzos días después de que la otra figura destacada de la derecha, Victoria Villarruel, se llevara la atención política la semana pasada. La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA) protagonizó un acto en la Legislatura porteña con uno de los discursos que más enardece a los sectores reaccionarios: la posibilidad de juzgar a los militantes de los años ’70.
A pesar de sus esfuerzos, Bullrich no es una candidata propia para la familia militar. En cambio, Villarruel es una hija predilecta. Su padre, Eduardo Marcelo Villarruel, se retiró como teniente coronel y tuvo participación en la «lucha contra la subversión». Estuvo destinado al Operativo Independencia como comando, de donde regresó herido en abril de 1976. Su tío, Ernesto Guillermo Villarruel, fue oficial de Inteligencia del Regimiento de La Tablada y fue detenido por el juez Daniel Rafecas por crímenes cometidos en el centro clandestino conocido como Vesubio. No fue juzgado porque fue declarado insano.
Villarruel, además, tiene una larga trayectoria en organizaciones pro-impunidad. Fue parte de la Asociación Unidad Argentina (Aunar), que defendía lo actuado durante la dictadura, y de Jóvenes por la Verdad, desde donde organizaba visitas al dictador Jorge Rafael Videla, según publicó Rafael Mercado, marido de Cecilia Pando. Desde 2006, es la cara visible del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que se formó después de que los generales de la dictadura lanzaran una ofensiva para armar tantas causas contra militantes de los ’70 como había contra militares, con el fin de forzar la adopción de una amnistía general.
Villarruel no hizo promesas públicas a los miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad que están detenidos por causas de lesa humanidad. Aunque criticó los procesos y afirmó que se habían violado garantías.
Por su parte, Milei afirmó que no habría indulto para los genocidas y que deberían cumplir sus condenas. Esta afirmación del economista libertario, que solía asesorar al genocida Antonio Domingo Bussi, enfureció a ciertos miembros destacados de la familia militar. Una de las más airadas fue Pando, que en sus redes sociales le recordó a Villarruel su vínculo con Alberto González, el represor condenado por crímenes en la ESMA, y afirmó que ella había firmado los libros que él, en realidad, había escrito.
Hay datos objetivos que obligan a Bullrich a intentar ganar el voto castrense. Un ejemplo puede ser más elocuente que mil palabras. En las primarias, LLA arrasó en la Antártida, donde vota el personal militar y científico destinado a las bases. Allí, la fórmula que encabezan Milei y Villarruel obtuvo el 63 por ciento de los votos. (En Orsai)
