El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentará este viernes ante la Corte Suprema de la Nación un pedido de inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución provincial de Jujuy.
Así lo confirmó la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, quien detalló que el funcionario nacional llevará adelante un pedido que le realizó el propio Alberto Fernández durante una declaración realizada a la prensa desde la sala de conferencias de la Casa Rosada.
«He instruido al ministro de Justicia de la Nación para que analice y eventualmente promueva la sanción de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales«, había indicado el Presidente en el mensaje que emitió el pasado 21 de junio.
En esa ocasión, el jefe de Estado adelantaba que había dado instrucciones al Ministerio de Justicia para que «analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma» de la Carta Magna de Jujuy que «violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales».
El mandatario también pedía al gobernador Gerardo Morales que «no utilice al pueblo» de esa provincia como «banco de prueba de represión y saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante».
También reiteraba el pedido para que el mandatario jujeño «convoque a las comunidades indígenas y a todos los actores sociales a encontrar caminos de diálogo para superar el conflicto que ha provocado con acciones antidemocráticas. Cuenta conmigo personalmente y con apoyo del Gobierno nacional», subrayaba Fernández.
También remarcaba que «los hechos de represión y violencia estatal sucedidos en Jujuy son inadmisibles en nuestra vida democrática«, a tal punto que «ha provocado la alerta y la condena de los organismos internacionales, defensores de los derechos humanos.
En ese sentido, citaba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina Regional para América del Sur de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que «se han pronunciado de forma clara y contundente llamando de manera inmediata al cese de la violencia estatal y a garantizar la vigencia de los derechos humanosen la provincia de Jujuy».
