Mientras la epidemia de dengue sigue prendiendo luces de alarma en paralelo a la crecida del Paraná, los equipos de salud comunitaria no pueden trabajar: no les pagan, hubo decenas de despidos y no hay fondos para el combustible de las camionetas. En Santiago del Estero, corazón del movimiento campesino, 65 trabajadores fueron despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar, que a su vez dejó sin subsidios a las cooperativas. En paralelo a un centenar de cesantías en el Ministerio de Hacienda y Finanzas, más de 300 mil jóvenes dejaron de percibir el beneficio económico del Progresar. Decenas de víctimas de violencia institucional tuvieron problemas para atenderse en el Centro Ulloa, que lleva tres meses de conflicto. Desde hace veinte días, las ventanillas de los programas Asistir y Más y Mejor Trabajo están cerradas, a pesar de que el número de nuevos desocupados trepó a 120 mil. Aunque el Presidente insiste con que el combate contra el narcotráfico empieza desde las fronteras, los despidos afectaron la cobertura de pasos fronterizos en Salta, Misiones y Mendoza. Más de mil trabajadores del programa de Coros y Orquestas para el Bicentenario del Ministerio de Educación fueron transferidos a los municipios, pero sin fondos; la misma suerte corren trabajadores de Conectar Igualdad, mientras el Gobierno apunta a tercerizar el programa.
El panorama de desguace lo trazaron delegados de las juntas internas de ATE de cada ministerio consultados por Página/12. La ola de despidos en el sector público para “quitar la grasa militante” dejó desmantelada la batería de programas con que el Estado cubría necesidades de los sectores populares y se hacía presente en las provincias más necesitadas. “El Estado se está retirando de los territorios donde brindaba asistencia directa, y se están recortando políticas universales de inclusión social, lo que en definitiva afecta a los sectores populares”, sintetizó el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano. “Para eso llenaron los ministerios de gerentes del sector privado, para quienes el Estado debe garantizar sus negocios en lugar de garantizar derechos básicos.”
Menos derechos
Parte de la última tanda de despidos, sobre el filo del plazo para la “revisión” de contratos comandada por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, recayó sobre el Plan Progresar, del Ministerio de Hacienda. De las 130 cesantías en la cartera de Alfonso Prat-Gay, cien fueron aplicadas sobre los trabajadores del programa lanzado en enero de 2014 por Cristina Kirchner, que quedó sin personal. El recorte en el Progresar ya se refleja en el número de jóvenes que acceden al beneficio: era más de 960 mil en noviembre pasado y en abril de este año se redujo a 600 mil, según informó el propio Gobierno. Gran parte de los despedidos integraba la red territorial, cuya función era llevar información sobre el programa puerta a puerta en zonas del interior del país donde se hace difícil acceder a ese tipo de información. “En Misiones, los chicos con los que Macri se sacó fotos viven a 20 kilómetros de una oficina de la Anses, y si se pudieron inscribir fue por el laburo que hacíamos nosotros”, cuenta Leonardo García, uno de los cinco coordinadores de la red. “El grueso de los chicos que se bajaron tiene que ver con que el Estado ya no llega al territorio”, explica.
Otro de los ministerios que se achicaron fue el de Salud. El foco de los 140 despidos fueron los médicos que realizaban tareas sanitarias y preventivas en barrios populares de todo el país. El Programa de salud sexual y reproductiva fue reducido a su mínima expresión: se echaron 55 profesionales. Sólo 19 conservaron el puesto. De la Dirección de maternidad e infancia, que seguía casos de desnutrición y mortalidad infantil, fueron despedidos dos genetistas que investigaban enfermedades poco frecuentes. En la Dirección de Salud Mental hubo 27 despidos, y hay otros 250 trabajadores cuyos contratos, firmados mediante convenio con universidades, aún no fueron renovados. “Es un genocidio planificado por desatención de la pobreza”, graficó el secretario de organización de la junta interna de ATE Salud, Héctor Carrica, alarmado por la desarticulación de la presencia del ministerio en los territorios donde más proliferó el dengue, que suma 36 mil afectados y cinco muertos. “En Chaco, por ejemplo, tenemos diez camiones sanitarios parados, con todo el equipo interdisciplinario que se dedicaba a promover la salud en los barrios sin tareas, lo que aumenta el riesgo epidemiológico”, describe Carrica, y agrega que la situación “amerita una denuncia penal contra las autoridades”.
Culminado el plazo para la “revisión” de contratos, siguieron llegando los telegramas. Hace dos semanas fueron despedidos 200 trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar. La provincia más afectada por el recorte fue Santiago del Estero, con 65 cesanteados. La voz cantante del ajuste en la provincia fue Carlos Cejas Lescano, un martillero público y terrateniente que las organizaciones ligan al agronegocio y que dirige la institución a nivel provincial desde el cambio de Gobierno. “Trabajábamos a la par de las organizaciones campesinas para cuidar el agua potable, la producción autogestiva, los bosques y el arraigo a la tierra”, cuenta Giselle Escobar, una de las profesionales de la secretaría, quien denuncia además que “el crédito para producción autogestiva está paralizado desde diciembre”. Los despidos y el recorte de fondos motivaron que la sede de la Secretaría en la provincia fuera tomada por el Mocase y otras organizaciones, que reclaman la renuncia de Cejas Lescano.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también abandonó el territorio. Además de los recortes de personal en los programas de derechos humanos, Germán Garavano despidió a 170 trabajadores en los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), que brindaban asistencia jurídica gratuita a la comunidad. Fruto del recorte, ya no funcionan los CAJ del Chaco, Río Negro y varios del conurbano bonaerense como Wilde, Pilar y Lanús. En el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hubo 70 nuevas cesantías; en la Dirección de Grupos Vulnerables, estructura de la que depende el Centro Ulloa, a donde acuden víctimas de violencia institucional, hubo otras diez, lo que afectó la atención de los sobrevivientes de la tragedia de Cromañón.
Negocios privados
La poda llegó también al Ministerio de Educación. El objetivo: desmantelar el plantel de 70 escritores, filósofos, historiadores, desarrolladores y educadores encargados de elaborar los contenidos del programa Conectar Igualdad. De esa tarea se retira el Estado y, según se rumorea entre las empresas informáticas y editoriales, es un hecho que su lugar lo ocuparán empresas privadas. “El Gobierno dice que el programa sigue, pero lo que va a seguir es un reparto de electrodomésticos con una empresa detrás, y ya se anotó Microsoft”, denuncia Javier Castrillo, ex trabajador del programa y uno de los creadores del software libre Hauyra con que funcionan las computadoras. Mientras cierra el acuerdo con las empresas, el Gobierno aún no resolvió la situación de mil trabajadores del programa que tenían contratos con la Nación y fueron transferidos, sin recursos, a las provincias. “No les preguntaron a las provincias si podían hacerse cargo de los sueldos. En Chubut están todos en la calle. En Córdoba sólo conservó el empleo un tercio del total”, puntualiza Castrillo.
Una de las pocas áreas que se salvó de la poda fue el Programa de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (Fines), aunque sufrió una “recategorización”, por lo que dejó de tener presupuesto y dirección propios. “Si sigue en pie, es por la voluntad de los docentes, que comenzaron las clases a pesar de no haber cobrado”, señala Cynthia Acuña, una de las trabajadoras del programa. El rumor que corre entre los trabajadores del área es que el Gobierno pretende desguazarlo a largo plazo, derivándolo a las escuelas nocturnas, lo que entraría en contradicción con el principio básico del Fines, que nació para contener a aquellos estudiantes previamente excluidos del sistema. A mediados de abril, sin embargo, una resolución del Consejo Federal de Educación dejaba sin fondos a las universidades públicas del conurbano para sostener a más de 600 alumnos inscriptos este año y deslindaba responsabilidades en municipios y gobernaciones para la implementación del plan. “Es justamente lo contrario a lo que se vino haciendo los últimos doce años, en los que se empoderó al Estado nacional para direccionar la política educativa. Volvimos a que la política educativa la manejen las provincias, volvimos al sálvense quien pueda del menemismo”, describe una de las trabajadoras del Fines.
“El ministerio es una cáscara vacía”, aporta el secretario de organización, Rodrigo Recalde. “Todos los programas socioeducativos están parados y sin funciones”, describe. El programa Coros y Orquestas para el Bicentenario también fue descentralizado a las provincias, muchas de las cuales no se hicieron cargo del personal. En protesta, la semana pasada movilizaron por segunda vez a las puertas del Palacio Sarmiento.
Ventanillas cerradas
“Algunas áreas están paralizadas por una decisión política del Gobierno de vaciar programas y desfinanciar funciones específicas. En otras, directamente no están dadas las condiciones para trabajar: los ministerios amanecen con custodia policial, los directores amenazan a los trabajadores y hay pánico a ser despedido”, describe Catalano.
“Hace tres días que bajamos la persiana. Ya no atendemos a nadie”, cuenta un trabajador del programa Asistir, del Ministerio de Trabajo, donde hubo 16 despidos (incluida una persona con discapacidad) sobre un total de 20 trabajadores. El nuevo jefe del área, Omar Nills Yasin, ex director de Ferias y mercados de la Capital, mantiene amenazado al personal, según denunciaron los trabajadores. Fue nombrado en enero, y según cuentan los trabajadores, su primer concepto fue: “Este área es competencia desleal con el sector privado”. El programa Asistir brinda(ba), desde 1999, asesoramiento legal gratuito a empleados en conflicto con su patronal. Desde marzo no funciona, a pesar de que Yasin se ocupó de reemplazar abogados con 20 años de experiencia por personal de su confianza.
La misma suerte corrió el Plan Jóvenes Más y Mejor Trabajo, desde 2008 destinado a la capacitación e inserción laboral de jóvenes con escasos recursos: fueron cesanteados once trabajadores, y quedó vaciado. Mientras tanto, los trabajadores mantienen prácticamente tomado el edificio de Alem al 600 desde hace diez días, en pelea abierta por reincorporaciones que las autoridades, por ahora, se niegan a discutir. El ministro Jorge Triaca, quien debe atender casi a diarios conflictos surgidos por los 110 mil puestos de trabajo perdidos desde el día que asumió, mantiene cerrado el acceso al piso 13, donde tiene su despacho.
En la Dirección Nacional de Migraciones, que depende de Interior, sí hubo reincorporados: del plan inicial de 215 despidos, las autoridades sólo lograron concretar 65. El problema fue la contradicción en la que entraría el discurso oficial de mantener las fronteras controladas ante la amenaza del narcotráfico y “la inmigración descontrolada” con el desguace de personal en los pasos fronterizos que implicaba la decisión. El secretario gremial de la junta interna, Hugo Bellón, insiste con que en lugar de sobrar gente, falta: “Hay compañeros que trabajan 14 o 15 horas por día controlando toda la documentación para el ingreso y egreso, lo cual veníamos planteando incluso con el anterior gobierno”. En el paso sanjuanino de Aguas Negras, límite con Chile, se despidió a todo el personal. Otros pasos, como Clorinda (límite formoseño con Paraguay) e Iguazú (en Posadas, también con Paraguay) sufrieron recortes, lo que generó medidas de fuerza.
También se desarticuló, con ocho despidos, la Dirección General de Información, donde se llevaba un control de los datos obtenidos en cada frontera. “Lo de la modernización es un verso”, agrega Bellón, “la mayoría de los despidos no tiene ninguna justificación”.
