Con la vuelta al atril del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, tras su viaje oficial a Estados Unidos, el recinto celebrará hoy una nueva sesión especial con un temario potente que incluye en primer plano el proyecto de «alivio fiscal» para monotributistas y autónomos.
La iniciativa que tiene como autor al tigrense está a un paso de la media sanción y lo logrará si oficialismo y oposición logran dirimir las diferencias que quedaban pendientes respecto de algunos puntos del articulado.
La rosca entre las distintas fuerzas que se da en la antesala de la sesión no cesaba hasta primeras horas de este miércoles, pero hay indicios de que el diálogo va por el buen camino.
El proyecto consiste, por una parte, en ampliar los topes de facturación para cada una de las categorías del monotributo (para que los contribuyentes del régimen simplificado no tengan que pagar una alícuota más alta debido a la inflación) y, por otra parte, en modificar las deducciones especiales al impuesto a las Ganancias de autónomos para elevar el mínimo no imponible de ese tributo.
La medida impactaría positivamente en la situación económica de buena parte de los 4,5 millones de monotributistas y 140.000 autónomos con actividades registradas en el país.
Durante el lunes y el martes se encauzaron bien las negociaciones para acordar los cambios en autónomos. El proyecto del oficialismo proponía que las deducciones especiales representen dos veces la ganancia no imponible, y 2.5 para nuevos profesionales. Para alcanzar un acuerdo, el Frente de Todos accedió a aceptar el cambio propuesto en el dictamen de minoría en el que trabajó con ímpetu el radical de Evolución Alejandro Cacace. Así las cosas, se acordó un incremento de las deducciones de 2.5 veces la ganancia no imponible, y de 3 veces para nuevos profesionales.
La idea es cerrar la brecha entre el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias que pagan trabajadores en relación de dependencia y autónomos. También continuaban las diferencias en torno a las escalas del monotributo. El oficialismo proponía adelantar al 1 de julio los aumentos en los topes de facturación previstos para fin de año, en un 29.2% que es el incremento que registraron las prestaciones de ANSES (como jubilaciones y asignaciones) en el primer semestre (con los aumentos de marzo y junio).
«Además de adelantar, proponemos escalas más altas en monotributo. Sobre todo para las primeras tres categorías que han quedado muy abajo», señalaron fuentes cercanas a Cacace. Si Juntos por el Cambio decidiera aferrarse al dictamen de minoría pese a las modificaciones aceptadas por el oficialismo en el dictamen de mayoría, es posible que la coalición opositora entre un debate interno sin salida y que un sector termine aportando sus votos para que la ley salga con el mayor apoyo posible.
El despacho de la mayoría incorporó la firma de Margarita Stolbizer de Encuentro Federal, que es un espacio que pertenece a Juntos por el Cambio, aunque en algunas circunstancias puntuales se maneja con relativa autonomía. No sería extraño, que el bloque que también tiene como referente a Emilio Monzó se haya cortado solo sin esperar la definición orgánica de Juntos por el Cambio.
En todo caso, refleja que una parte importante de la alianza opositora tiene el espíritu de contribuir a que el «alivio fiscal» sea ley y que llegue al Senado con volumen y fuerza, a partir de un acuerdo transversal interpartidario. Más allá de la presión del radicalismo por mejorar el texto, algo que por cierto ya están logrando, en un sector importante de Juntos por el Cambio ven que el dictamen oficialista ya tiene los votos para ser ley, y no quieren quedar pegados a una postura de rechazo a un alivio concreto en el bolsillo de monotrobutistas y autónomos.
El Frente de Todos encara este debate con tranquilidad porque el dictamen, además de contar con la rúbrica de Stolbizer, tiene entre sus firmantes a Alejandro «Topo» Rodríguez del interbloque Federal. El posicionamiento de este interbloque, que también contiene a figuras como Graciela Camaño, Florencio Randazzo, los socialistas de Santa Fe y los cordobeses de Juan Schiaretti, tiene mucha relevancia en todos los debates que se dan en la Cámara de Diputados porque ante escenarios reñidos es la fuerza que termina desequilibrando para un lado o para el otro.
Los otros proyectos que se votarán
El paquete de proyectos que se pondrán en consideración en el recinto también incluye la prórroga de los beneficios fiscales para industrias culturales, dos iniciativas para sensibilizar sobre la causa Malvinas, una ley para el recambio de la flota de taxis, y la creación o ampliación de parques nacionales en distintas provincias. El proyecto sobre el financiamiento las industrias culturales consiste en prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2072, es decir por 50 años, las asignaciones específicas que ya reciben las instituciones de este sector como el INCAA, INAMU, INT, CONABIP y Defensoría del Público Audiovisual.
Estos fondos surgen del gravamen a los premios de juegos de sorteo y concursos deportivos previsto en la ley 20.630 (1973), del impuesto a las entradas de cine y sobre los videogramas grabados previstos en la ley 17.741 (1968) y del Impuesto a los servicios de comunicación audiovisual previsto en la ley 26.522 (2009).
Juntos por el Cambio tiene reparos a la idea de prorrogar por nada menos que 50 años los beneficios para un sector que va cambiando drásticamente su funcionamiento al calor de la dinámicas de transformación tecnológica. Algunos de sus miembros entienden que algunos impuestos surgen de leyes muy antiguas, que apelan a conceptos vetustos como «videogramas»que ya quedaron largamente desactualizados.
No obstante, consideran que aún no se generaron las condiciones para la discusión transversal de un marco normativo nuevo para el financiamiento de las industrias culturales, por lo que la prórroga es el único recurso al que se puede echar mano en el corto plazo.
El dictamen de minoría propone extender las asignaciones específicas pero solo hasta el 2030 y no por 50 años como prevé el dictamen oficialista. Además el dictamen opositor establece límites presupuestarios para gasto de personal para el INCAA, el INAMU, el Instituto Nacional del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.
A 40 años de la guerra en las Islas Malvinas, el Congreso motorizó iniciativas que ponen en valor la memoria de los hechos históricos, la reivindicación de la lucha por la soberanía y su identificación como causa de unidad nacional y de sentido de pertenencia. El primero de lo dos proyectos que se pondrá en votación tiene que ver con establecer la capacitación obligatoria, periódica y permanente de funcionarios públicos de los tres poderes del Estado sobre la cuestión Malvinas.
La otra iniciativa dispone la obligación de colocar señalética alusiva a las Malvinas en todos los edificios de organismos públicos, Parques Nacionales y embajadas. La señalética consiste en una flecha que indique la dirección y la distancia a la que se encuentra desde el lugar de su emplazamiento, con respecto a Puerto Argentino. Además, deberá tener las dimensiones suficientes para permitir su fácil visualización, contener los colores celeste y blanco, tener impresa la figura geográfica de las Islas Malvinas y la leyenda «Las Malvinas son Argentinas» en su parte inferior. La información gráfica y visual sobren Malvinas deberá ser colocada en los accesos principales de cada una de esas dependencias.
También se votará un proyecto que da respuesta a la crisis en el sector de taxis producto de la competencia de los servicios de traslados por aplicaciones, y que otorgará beneficios fiscales para la adquisición de unidades para la renovación de la flota. El proyecto, cuya autora es Mara Brawer (Frente de Todos), estipula el reintegro del monto equivalente a la suma del IVA y del Impuesto Automotor en las compras al contado de hasta un auto cero kilómetro por año que integre componentes nacionales en su proceso de fabricación. En el caso de compras con financiamiento o pago diferido, no será considerado el gravamen que recaiga sobre los intereses. El beneficio comprende a los vehículos con un contenido mínimo nacional de 20% desde la entrada en vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre de 2023 y un 30% entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2027.
El beneficio, para ser mantenido, exige que el vehículo adquirido se mantenga como taxi y no sea vendido ni permutado por tres años como mínimo. El monto a reintegrar se acreditará dentro de los siete días hábiles. El proyecto fija un cupo fiscal de $3.600 millones hasta el 31 de diciembre de 2022.
Por último, se dará media sanción a los proyectos para la creación del Parque Nacional y Reserva Islote Lobos en la costa atlántica de Río Negro, dentro de la zona que se conoce como Golfo San Matías, y también del Parque Nacional Anseunuza y Bañados del Río Dulce, en la provincia de Córdoba, que contiene la laguna de Mar Chiquita o Ansenuza. También se avalará la ampliación del Parque Nacional Predelta ubicado en el departamento Diamante de la provincia de Entre Ríos. Y se formalizará el cambio de nombre del Parque Nacional Traslasierras por el de Parque Nacional Pinas.
