La nueva fórmula, que fue apoyada por 61 votos a favor de bloques como Unión por la Patria (UxP), la Unión Cívica Radical (UCR), y la mayoría del PRO, recibió 8 votos en contra, incluyendo a senadores de La Libertad Avanza (LLA) y a la senadora Carmen Álvarez Rivero del PRO. Este voto refleja las crecientes tensiones políticas entre Milei y Mauricio Macri.
El proyecto de ley, que ahora debe ser revisado por el Poder Ejecutivo, propone un ajuste mensual de las jubilaciones basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), sumando un incremento extra del 8,1% debido a un desfasaje en los aumentos previos. Además, contempla una compensación de $703.515 millones por fondos jubilatorios adeudados a las provincias.
Durante el debate, el oficialismo sugirió que la aplicación de la nueva fórmula comenzara en julio para mitigar el impacto fiscal, pero la oposición insistió en que se aplicara retroactivamente desde febrero, logrando finalmente imponer su propuesta.
De esta manera, la administración libertaria cierra una semana fatal en el Parlamento, donde la oposición hizo valer su mayoría y se puso tanto en Diputados, con el rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) N°656/2024 que asignaba un presupuesto de $100.000 millones de fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), y en el Senado con la aprobación de la fórmula de movilidad jubilatoria.
Detalles de la nueva fórmula
En concreto, el proyecto aprobado, que ahora pasará al Ejecutivo nacional, y que Milei amenaza con vetarlo, establece una actualización mensual de la fórmula jubilatoria, en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC) combinado con la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
Compensación
Además, la nueva fórmula de movilidad jubilatoria incorpora una compensación extra del 8,1%, debido a que la administración libertaria otorgó un incremento del 12,5% que no cubrió el 20,6% de inflación que hubo en enero pasado, así como una recomposición a los fondos jubilatorios adeudados a las provincias por parte de Nación por una suma de $703.515 millones.