El gobierno nacional de Javier Milei intentó limitar la alibertad de expresión mediante una regulación de la actividad periodística. Lo hizo al buscar reflotar una parte de un decreto de 1944 que luego se convirtió en ley en 1946 pero que estaba en desuso desde 1985 para exigir en carácter de obligatorio una matrícula para ejercer el periodismo a las personas y empresas, pero se chocó con que el derecho internacional rechaza ese tipo de normativas y con el repudio del sector y tuvo que dar marcha atrás en un par de horas.
La decisión y contradecisión se da en un contexto en el que la agresión a periodistas es parte del paisaje discursivo del Presidente y de varios de sus ministros.
La polémica inició con una publicación en X de la cuenta oficial del Ministerio de Capital Humano, que dirige la cuestionada Sandra Pettovello. “Si sos periodista profesional podés obtener la Matrícula Nacional de Periodistas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social”, rezaba el posteo, que incluía un hipervículo al sitio Argentina.gob.ar.
Allí se establecía que la obtención de la matrícula era “obligatoria”, dirigida a un amplio universo, integrado por “periodistas profesionales que realicen en forma regular, mediante retribución pecuniaria, las tareas que les son propias en publicaciones diarias, o periódicas y agencias noticiosas».
«Tales el director, codirector, subdirector, jefe de redacción, secretario general, secretario de redacción, prosecretario de redacción, jefe de noticias, editorialista, corresponsal, redactor, cronista, reportero, dibujante, traductor, corrector de pruebas, reportero gráfico, archivero y colaborador permanente”, se exigía, según la página web oficial.
También se incluían en la normativa “las empresas radiotelefónicas, cinematográficas o de televisión que propalen, exhiban o televisen informativos o noticias de carácter periodístico, y únicamente con respecto al personal ocupado en estas tareas”.
Según consignó La Nación, antes de las 10 de la mañana de este jueves, el primer paso del retroceso del Gobiern fue eliminar de la página oficial el carácter de obligatorio del trámite. Unos minutos después, se dieron cuenta de que la crisis de cuestionamientos no llevaría a buen puerto y también desapareció por completo el sitio. Por supuesto, también borraron el tuit original. “Para no generar confusión”, se excusaron desde el Gobierno ante el mismo medio.
Hubiera sido un tema de consulta de interés para los periodistas acreditados en Casa Rosada en la conferencia de prensa habitual del vocero Manuel Adorni, que la suspendió bajo el argumento de que este jueves es el día del trabajador estatal.
¿QUÉ EXIGÍA LA NORMA QUE EL GOBIERNO QUERÍA REFLOTAR?
Para que un periodista o un medio obtuviera la credencial habilitante del Gobierno, que duraba dos años y era expedida por la Secretaría de Trabajo, se requeriría completar un formulario, exhibir un certificado de antecedentes penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, presentar certificado de aportes provisionales de trabajador autónomo extendida por un contador, y acreditar no menos de dos años en la profesión con aportes jubilatorios al día. Claramente inaplicable en el contexto tecnológico, mediático, empresarial y laboral actual.
El origen de la idea es un decreto de 1944 que luego, con modificaciones, se trasladó a la ley 12.908 de 1946, que estableció el estatuto del periodista profesional. Allí se establece que los hombres y mujeres dedicados a la actividad periodística deben contar con un carnet habilitante, y en su artículo 4 afirma que “la inscripción en la matrícula nacional de periodistas es obligatoria y se acordará sin restricción alguna a las personas comprendidas en el art. 2º, salvo las excepciones expresamente señaladas en la presente ley”, asegura la norma, que aparecía casi idéntica en la página que el Gobierno bajó.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) condenó la decisión de Milei a través del ministerio de Capital Humano de reimplantar la matriculación obligatoria de periodistas, una práctica obsoleta que ninguna de las administraciones de los últimos 40 años, desde 1985, aplicaba.
«FOPEA condena y deplora la decisión del ministerio de Capital Humano de la Nación de reimplantar la colegiación obligatoria de periodistas», escribió el ente en su cuenta oficial.
Explicaron que se trata de «una práctica obsoleta que desde 1985 está considerada por la Opinión Consultiva 5 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (https://corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf) como una restricción ilegítima al derecho universal a la libertad de expresión».
Antes de dar profundidad a los antecedentes internacionales que derivaron en su desuso, FOPEA precisó que «el derecho a expresar las ideas por la prensa sin censura previa es de todos, como lo marca la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico internacional con rango constitucional», por lo cual exigió al Ministerio de Capital Humano que «corrija su error y elimine la obligatoriedad de aplicación de una norma que cayó en desuetudo por incompatibilidad con el orden jurídico y por falta de uso concreto y continuo durante décadas».
QUÉ DIJO EL GOBIERNO
Según La Nación, desde la cartera laboralque encabeza Julio Cordero relativizaron la iniciativa con una insólita explicación. “Es un servicio que se da hace muchos años desde Trabajo. Solo se publicó, como se publican actividades de otros temas que tiene la secretaría”, dijo un vocero del área.
“Lo que sacó Capital Humano fue solo un recordatorio porque cada dos años se hacen las renovaciones de las matrículas”, agregaron desde Casa Rosada, y se exculparon con que la Secretaria de Trabajo “tiene a su cargo la obligación de entregar las credenciales que acreditan la condición de periodista profesional y de mantenerlo actualizado”, un supuesto «recordatorio» que nadie hace desde hace 40 años.
