A un mes de las elecciones presidenciales y después de que la Corte Suprema echara de la Cámara Federal de Casación Penal a Ana María Figueroa, sus dos excompañeros de la Sala I, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, resolvieron que Cristina Fernández de Kirchner deberá enfrentar dos juicios orales en expedientes en los que había sido sobreseída. Uno es el caso Hotesur-Los Sauces, donde se la había acusado junto con sus hijos de asociación ilícita, lavado de dinero y dádivas, y el otro es el del Memorándum con Irán, donde se la quiso juzgar por encubrimiento del atentado a la AMIA, junto con otros funcionarios, a partir de una denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman. En el primer caso, los jueces hicieron una excepción con Florencia Kirchner, a quien exculparon porque tenía 12 años al momento de la supuestas maniobras. Las causas deben volver a los tribunales orales, aunque fueron apartados los jueces que habían desvinculado a CFK. Las defensas todavía tienen la posibilidad de ir a la Corte, lo que tampoco es ninguna garantía, en la composición actual, de «justicia independiente».
Hotesur-Los Sauces
El eje de este caso eran los alquileres de habitaciones en hoteles e inmuebles de la familia Kirchner que, según la acusación, eran supuestos pagos de origen ilícito que ya cuando el fallecido Claudio Bonadio hizo malabares para quedarse con ambos casos señalaba como presuntos retornos de obra pública y contrataciones. En noviembre de 2021, el Tribunal Oral Federal 5, con los votos de Daniel Obligado y Adrián Grünberg sostuvo que no había razones para hacer el juicio oral. Ambos entendieron que todas las operaciones habían estado bancarizadas -con cheques y transferencias- y las concesiones de obra y licencias, respaldadas «por normas y decisiones emanadas de organismos oficiales». Por lo tanto, no se podía hablar de lavado, tampoco de otros delitos. Pero, además, por el período comprendido (2003-2016) sostuvieron que no se podía aplicar el criterio del «autolavado», recién incorporado a la normativa en 2011, porque había que aplicar la ley penal más benigna. Analizaron que tampoco se podía hablar de asociación ilícita porque a CFK y a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa -implicados en esta causa- ya se los estaba juzgando por ese delito: en el juicio de la obra pública vial en Santa Cruz, que terminó en mayoría de condenas ahora en revisión, y en Oil Combustibles, donde fueron absueltos López y De Sousa y condenado el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray.
Barroetaveña y Petrone desecharon todos esos criterios y acusaron a ambos magistrados de fallar con «defectos de fundamentación» que «afectan la garantía constitucional de defensa en juicio en relación al recurrente», en este caso la fiscalía. Ante el tribunal oral actuó Diego Velasco y en Casación, Mario Villar. Alegaron que para anular la realización de un juicio, cuando ya está en etapa oral, las pruebas para sobreseer tienen que ser taxativas y presentarse elementos nuevos, que ellos no advirtieron en este caso. Cuestionaron como argumento la alusión a los juicios de obra pública en Santa Cruz y Oil Combustibles y que los peritajes sobre operaciones bancarias hayan modificado el escenario. Les atribuyen a los jueces del tribunal oral una visión «sesgada». Su decisión, les achacaron, “además de haberse fundado en cuestiones de valoración sumamente debatibles, en definitiva, carece de sustento en prueba novedosa alguna”. Quienes deben ir a juicio junto la vicepresidenta son, según el dúo de casadores, el diputado Máximo Kirchner, Romina Mercado, y varios empresarios.
Memorándum con Irán
El acuerdo con Irán, firmado en enero de 2013, tenía como finalidad lograr el avance de la causa por el atentado a la AMIA habilitando la posibilidad de indagar a los iraníes acusados en un tercer país. El fallecido Nisman acusó a Cristina Kirchner, al fallecido canciller Héctor Timermany otros funcionarios de encubrir a los sospechosos a través de ese instrumento y el levantamiento de las alertas rojas que pesaban sobre ellos. Es otro de los expedientes que subsistieron gracias a los manejos de Bonadio, que creó una causa colectora -en la que llegó a imputar traición a la patria- ya que, en la original, el juez Daniel Rafecas sostuvo que no había delito. La reapertura fue obra de los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos -visitantes asiduos de Mauricio Macri en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos- y con eso allanaron el camino para que Bonadio avanzara a piacere en una causa absurda.
El Tribunal Oral Federal 8, con los votos de María Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Obligado, sostuvo directamente en octubre de 2021 que no había delito que juzgar. El Memorándum había sido aprobado por el Congreso, nunca se puso en práctica (el parlamento iraní no lo votó) y jamás se levantaron las alertas rojas y órdenes de captura de los sospechosos iraníes. Para Petrone y Barroetaveña, en este caso también estaba en juego si se habían introducido o no nuevas pruebas. El tribunal, además de lo que estaba a la vista, señaló que se había recibido el 22 de junio de 2020 un informe de Interpol que les resultaba «novedoso y determinante» ya que señalaba en forma categórica que las alertas rojas siempre estuvieron vigentes. Ya lo había expresado públicamente el exsecretario de Interpol Ronald Noble, solo que el organismo luego dijo que no podía declarar por su inmunidad diplomática.
Ante el tribunal oral, el fiscal Javier De Luca había desistido de acusar, lo que daba más soporte a la decisión de los jueces. Pero Barroetaveña y Petrone sostuvieron que el TOF 8 tomó una decisión apoyada en «afirmaciones dogmáticas» y que «la pretensión de agotar el examen acerca de la responsabilidad penal de las personas acusadas en esa etapa intermedia contradice, no solo las reglas de la sana crítica, sino del debido proceso y desnaturaliza la instancia en la que se encuentra la causa». También le adjudicó «defectos de fundamentación» y en este caso la afectación de garantías constitucionales de la querella de la DAIA y dos familiares de las víctimas del atentado. Barroetaveña, en particular, dijo que no necesariamente puede afirmarse que la denuncia sea una cuestión política no judiciable porque a su entender no sólo estaba en juego el Memorándum, sino los supuestos planes de encubrimiento y las negociaciones (tal como plantearon las querellas), por lo que se requiere debate oral. Para los casadores, el informe de Interpol no traía nada nuevo. Acusaron a los tres jueces de prejuzgar y los apartaron también.
Además de CFK, según esta decisión deben ir a juicio Carlos Zannini, Eduardo Zuain, Oscar Parrilli, Juan Martín Mena, Andrés «Cuervo» Larroque, Angelina Abbona, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil y Allan Bogado. (Irina Hauser – P12)
