La Cámara de Diputados abrió el debate en comisión del pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema con un debate tenso, que incluyó contrapuntos entre legisladores y en el que se repasaron los 14 proyectos que solicitan el desplazamiento de los cuatro magistrados por distintas causales, entre ellas haber dictado el fallo para aplicar el principio del 2×1 a represores condenados o haber resuelto en beneficio de la Ciudad de Buenos Aires la polémica por los fondos coparticipables adicionales que Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016.
En las casi cuatro horas que duró la reunión se sucedieron los planteos contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por parte de los diputados del oficialismo, con argumentos en sintonía con el presidente Alberto Fernández y gobernadores, pero al mismo tiempo hubo reproches cruzados entre los diputados del FdT y los miembros del interbloque de Juntos por el Cambio, lo que anticipa una dura batalla a lo largo de este procedimiento legislativo.
Para abrir las sesiones de la comisión, que preside la diputada Carolina Gaillard (FdT-Entre Ríos), el FdT logró el quórum con la presencia de sus 16 legisladores, ya que la principal bancada opositora intentó infructuosamente trabar la actividad parlamentaria, en rechazo al enjuiciamiento a los miembros del alto tribunal.
Al iniciar la reunión, que se extendió entre las 11 y las 14:50, Gaillard adelantó que el próximo jueves 2 de febrero la comisión recibirán a los firmantes de los 14 proyectos de juicio político presentados contra Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti.
Una semana más tarde, el jueves 9 de febrero, se analizará el informe de admisibilidad para determinar si corresponde comenzar el período de prueba, amplió Gaillard.
En sus discursos, los representantes del oficialismo acusaron a los cuatro miembros del tribunal de mal desempeño de sus funciones, sobre todo por los fallos dictados en relación al número de integrantes del Consejo de la Magistratura -reiteraron que la Corte asumió una función del Poder Legislativo-; también por el fallo del ‘2×1’ y por denuncias de irregularidades en la administración de la obra social del Poder Judicial, entre otras causales.
Otras exposiciones los responsabilizaron por no ejercer el rol de superintendencia sobre el Poder Judicial al observar sin hacer nada el dictado de fallos vergonzosos o constatarse irregularidades y desvíos en la conducta de algunos jueces: este fue uno de los planteos del diputado de origen radical Leopoldo Moreau, quien los acusó de no hacer nada ante el episodio del viaje a Lago Escondido, pese a que un grupo de jueces y fiscales viajen invitados por una empresa (por el Grupo Clarín) a lugares de lujo, en aviones de lujo, en un ejercicio claro del delito de dádivas y luego planifiquen nuevos delitos para ver cómo tapaban el delito original.
«Esta no es la Corte de todos los argentinos, esta Corte tiene dueño, y entonces los dueños, los que sienten que es su Corte, salieron a defenderla, agregó Moreau en referencia a la carta abierta al Congreso que 500 empresarios difundieron hace una semana para reclamar que se frene el pedido de juicio político, y vinculó esa iniciativa con grupos económicos -nombró a la empresa Ledesma- y medios de comunicación hegemónicos que, dijo, han obtenido fallos favorables de la Corte.
La reunión de hoy dio inicio al procedimiento de enjuiciamiento a miembros del tribunal y coincidió con los casi veinte años del último juicio político promovido contra jueces de la Corte, realizado en los primeros años del Gobierno de Néstor Kirchner, cuando se aprobó en la Cámara baja la acusación a Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O’Connor.
Hubo fuertes cruces como los que protagonizaron el oficialista del Chaco Juan Manuel Pedrini y el ex ministro macrista Alejandro Finocchiaro y otro que tuvieron el legislador del FdT y titular de la comisión de Justicia, Rodolfo Tailhade, con su par del Interbloque Federal Alejandro Topo Rodríguez.
