El fiscal Federal Diego Luciani denunció la existencia de una asociación ilícita institucional encabezada por la vicepresidenta Cristina Kirchner en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La acusación tiene más color de humo para la tribuna que de verdadero volumen jurídico. Tal como explica hoy ¡el periodista Tuni Kollman en Página 12, el fiscal repitió minuciosamente y de manera vehemente la acusación inicial en el caso de las rutas de Santa Cruz. Sostuvo que las licitaciones fueron ficticias y que incluso contaron con la complicidad de otras empresas nacionales -mencionó a Esuco, del presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, y enemigo de Lázaro Báez, y Petersen, de la familia Esquenazi- que, según dijo, simularon presentar ofertas o sea habrían sido colaboradoras de un delito, pero que nunca se las imputó de nada. 

También sostuvo que los funcionarios de Santa Cruz, empezando por los gobernadores, eran parte de la asociación ilícita que licitó, adjudicó y controló la construcción de las rutas. Sin embargo, tampoco ninguno fue imputado de nada. Luciani insistió en cuestiones ya desechadas por la auditoría que hizo el propio macrismo: aquel estudio determinó que nunca se pagó ninguna obra que no se haya terminado y que las demoras fueron las mismas que en las demás provincias. Lo más novedoso es que Luciani adelantó que hubo obras que no fueron votadas por el Congreso Nacional en las leyes de presupuesto, algo que por primera vez figura en la acusación. 

Al iniciar este lunes su alegato en la denominada causa Obra Pública,  Luciani sostuvo que “al asumir Néstor Kirchner la presidencia y luego su esposa, Cristina Elizabeth Fernández instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentable y tristemente haya conocido el país”. 

Luciani aclaró que “lo extraordinario radica en las características inusuales de la asociación, capacidad de acción merced a una división de roles perfectamente organizada”.

El fiscal invocó incluso declaraciones del actual presidente, Alberto Fernández, cuando explicó su salida de la Jefatura de Gabinete durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

En ese sentido, recordó que una de las razones de Alberto Fernández fue “por lo que está pasando en la obra pública”. Fernández contó que fue a Calafate, en 2003 o 2004, y Néstor Kirchner le presentó a Báez. La anécdota ayuda al show, pero no tiene el menor peso judicial.

Luciani señaló al ex matrimonio presidencial y a su «amigo Lázaro Báez» como cabezas de la estructura de ese mecanismo de corrupción.

El fiscal también advirtió sobre la “ausencia absoluta de control por parte de los funcionarios y organismos encargados de prevenir y denunciar la comisión de este delito”. 

El Ministerio Público Fiscal, dijo, “tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares”. 

“Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes se desempeñaron como jefes del estado y que fue organizada e integrada por distintos funcionarios públicos”, dijo el fiscal en las primeras tres horas de su alocución ante el Tribunal Oral Federal que celebra el juicio.

Luciani, además, fustigo a la UIF por haber desistido de la acusación y no haber explicado en su alegato por qué no tomo en cuenta la «profusa prueba» producida durante el debate.

Desde el punto de vista judicial, Luciani sobreactuó la acusación inicial esencialmente para la tribuna mediática-política-judicial. Su problema más serio será demostrar que hubo alguna instrucción, alguna nota, alguna firma indebida para beneficiar a Báez. No será fácil porque todas las licitaciones se hicieron en Santa Cruz, igual que las adjudicaciones y el control de las obras. No intervinieron autoridades nacionales. A eso -según dijo- dedicará buena parte de las nueve audiencias. 

Además de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, en el debate que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 son juzgados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. 

“Es imposible demostrar la existencia de una organización criminal. Además de las dudas producidas en el debate sobre los sobreprecios, encontramos una absoluta orfandad probatoria al momento de probar una asociación ilícita”, sostuvo el abogado Leandro Ventura.

La UIF solo pidió penas menores para los funcionarios de vialidad de Santa Cruz por considerar que incumplieron sus funciones porque informaron que las obras en la provincia estaban terminadas cuando en rigor no fue así.

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