Un escándalo se desató en la ciudad de Buenos Aires, luego de que saliera a la luz que el Ministerio de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta buscó información biométrica de más de 7,5 millones de personas de manera ilegal.
Las maniobras se realizaron en el marco del sistema de reconocimiento facial para la búsqueda de prófugos, a partir de un convenio con el ReNaPer firmado en 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, el acuerdo habilitaba a la Policía de la Ciudad al acceso a los datos biométricos, como las fotos y otra clase de información de personas buscadas sobre un universo de apenas poco más de 40.000 personas.
Tras conocerse que el Ministerio de Seguridad porteño utilizó datos biométricos de más de 7 millones de personas, el CELS reclamó a la Justicia que suspendiera el uso del mecanismo y ordenara una serie de medidas para determinar si estos procedimientos pudieron haber sido utilizados para realizar trabajos de vigilancia masiva e inteligencia dado que, a partir del acuerdo firmado con el ReNaPer, los datos biométricos son incorporado a un software de reconocimiento que puede ser utilizado en las 9.500 cámaras que están en Ciudad y cuyas imágenes llegan al Centro de Monitoreo Urbano.
El convenio autoriza al gobierno de la Ciudad para cruzar la base de datos de ese organismo con el listado de personas con orden de captura judicial para localizarlas a través de cámaras de seguridad equipadas con software de reconocimiento facial. «Pero ese universo de personas buscadas contiene un número mucho menor, apenas por encima de los 40.000 hombres y mujeres», explicaron desde el CELS.
«Por eso entendemos que el gobierno porteño debe explicar cuáles son las razones por las cuales decidió consultar todos esos datos vulnerando el derecho a la intimidad de millones de personas», remarcó el organismo en un comunicado.
La ley de la Ciudad y la resolución que implementa el mecanismo de reconocimiento facial le permite al Ministerio de Justicia y Seguridad cruzar datos solamente de quienes integran la lista de prófugos (CONARC) y de aquellas personas sobre las que autoridades judiciales de la Ciudad, de la Justicia Nacional o de poderes judiciales provinciales le solicitan tareas de investigación y prevención.
Entre abril de 2019 y marzo de 2022, la Ciudad excedió ampliamente el universo autorizado por ley. «Obtuvo así de manera ilegítima información sobre los datos registrados en el ReNaPeR equivalentes a la mitad de la población total del AMBA», expresaron desde el CELS.
«Por la cantidad de búsquedas es imposible que puedan estar vinculadas con el registro de prófugos o a requerimientos de la Justicia, ya que fueron solicitados datos de más de 6.000 personas por día en promedio. Por esas razones resulta urgente y necesario determinar y conocer cuál fue el uso y destino de los datos biométricos utilizados en todas aquellas búsquedas, y es indispensable también una explicación de los motivos detrás de todo este proceso», destacaron.
Esta operatoria del gobierno porteño salió a la luz a partir de la investigación judicial a partir de una denuncia del Observatorio de Derecho Informático Argentina (ODIA), de la que el CELS es parte. En 2020, ODIA inició un amparo para discutir la constitucionalidad y convencionalidad de las normas que implementaron el sistema de reconocimiento facial en la CABA. La presentación señalaba que ese sistema funciona con programas que realizan una comparación de características biométricas de dos rostros y que la mayoría de ellos “presentan sesgos en cuanto discriminan por raza, color y etnia”.
En el marco del proceso judicial iniciado a partir de dicha presentación, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Andrés Gallardo, realizó una constatación en el Centro de Monitoreo Urbano donde funciona el sistema, y solicitó a la CONARC el listado de personas buscadas. Luego, solicitó al ReNaPeR la lista de personas, con nombre, apellido y DNI, cuyos datos biométricos hubieran migrado desde ese Registro hacia el Gobierno de la Ciudad.
Allí, se constató que la Policía de la Ciudad hizo casi 10 millones de consultas sobre 7,5 millones de personas. A partir de este descubrimiento, el juez Gallardo allanó el Centro de Monitoreo Urbano y la sede del Ministerio de Seguridad porteño en Barracas. Además, ordenó periciar los equipos que se utilizaron para procesar la información proveniente del ReNaPer.
La lista completa de los espiados por Larreta
Presidente de la Nación Alberto Ángel Fernández (76 veces); la Vicepresidente de la Nación
Cristina Elisabet Fernández (225 veces); el diputado Máximo Carlos Kirchner (12 veces);
Florencia Kirchner (9 veces); el Ministro del Interior de la Nación Enrique De Pedro (3
veces); el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Domingo Fernández (12 veces); el
Presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce (2 veces); el Jefe de Asesores de la Presidencia de
la Nación, Juan Manuel Olmos (3 veces); el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio
Tomás Massa (3 veces); el senador Mariano Recalde (una vez); la diputada Paula Penacca
(3 veces); el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (24 veces); el Ministro
de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Sergio Alejandro Berni (17 veces); el Ministro
de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque (una vez);
el Director Nacional de Políticas Integradoras de la Nación, Rafael Klejzer (8 veces); el
Gobernador de la Provincia de Jujuy, Gerardo Morales (una vez); el diputado Facundo
Manes (una vez); el diputado Emiliano Benjamín Yacobitti (3 veces); la referente de la
Coalición Cívica ARI, Elisa María Avelina Carrió (10 veces); el diputado Ricardo Hipólito
López Murphy (8 veces); el diputado José Luis Espert (8 veces); el diputado Javier Gerardo
Milei (32 veces); la Presidenta del partido Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich
(18 veces); la diputada Myriam Bregman (3 veces); el diputado Nicolás Del Caño (2 veces);
los dirigentes del Partido Obrero Néstor Pitrola (una vez) y del Polo Obrero Eduardo Silvio
Belliboni (14 veces); la ex Procuradora General de la Nación Alejandra Magdalena Gils
Carbó (2 veces); el ex Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Eugenio
Raúl Zaffaroni (2 veces); el Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Carlos
Fernando Rosenkrantz (una vez); la Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la
CABA, Dra. Inés Mónica Weinberg (una vez); la Fiscal General por ante la Cámara Nacional
en lo Comercial, Gabriela Fernanda Boquín (4 veces); el juez de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Roberto José Boico
(una vez); los Fiscales Federales Carlos Ernesto Stornelli (4 veces) y Franco Eduardo Picardi
(2veces); la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños (3
veces); la Consejera de la Magistratura de la Nación, Vanesa Raquel Siley (2 veces); los
dirigentes sindicales Julio Juan Piumato (una vez) y Pablo Hugo Antonio Moyano (11 veces);
el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois (22 veces); el dirigente
social Ángel Borello (una vez); la actriz Esmeralda Mitre (15 veces); Dolores Etchevehere (7
veces); los periodistas Gustavo Fabián Sylvestre (9 veces), Joaquín Morales Solá (una vez),
Viviana Canosa (6 veces) y Eduardo Guillermo Feinmann (9 veces); los empresarios Paolo
Rocca (2 veces), Eduardo Elsztain (3 veces), Marcos Eduardo Galperín (6 veces), Héctor
Horacio Magnetto (2 veces), Alejandro Pedro Bulgheroni (3 veces), Eduardo Francisco
Costantini (2 veces), Jorge Gregorio Pérez Companc (una vez), Hugo Arnoldo Sigman (una
vez), Alberto Roemmers (una vez), Alejandro Guillermo Roemmers (13 veces) y Alfredo
Pablo Roemmers (2 veces); la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, María Hebe Pastor
de Bonafini (5 veces); la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto
(2 veces); el Jefe de la Policía Federal Argentina, Juan Carlos Hernández (10 veces); y el
oficial desaparecido de la Policía de la CABA, Arshak Karhanyan (92 veces); entre otros.
Con información de Diagonales
